Sigue en la lucha. Teresa Concepción Lorenzo, de 73 años, debe abandonar el inmueble que habita desde hace más de 45 en la calle Pérez de Brito de Santa Cruz de La Palma. El pasado 24 de noviembre los propietarios de la vivienda le comunicaron, vía burofax, que si el día 1 de enero de 2015 no dejaba la casa, en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), iniciarían un proceso de desahucio, que finalmente no se tramitó en la fecha anunciada. “Hace unos días los herederos me llamaron por teléfono y me dijeron que si no me iba a finales de mayo, sí que me desahuciaban”, ha asegurado a LA PALMA AHORA. El mes de mayo acaba de concluir y Teresa está preocupada. “El Ayuntamiento lo que quiere es meterme en la Residencia de Pensionistas, esa es la única opción que me da, y yo pido una casa de protección oficial, a la que tengo derecho, y no me la conceden, a pesar de que en la lista del Instituto Canario de la Vivienda tengo el número uno”, afirma.
Esta mujer, soltera, se niega a dejar el inmueble, muy deteriorado -en el que ha residido más de la mitad de su vida y en el que cuidó a sus padres- para ingresar en la Residencia de Pensionistas, situada en la zona de La Dehesa. “Todavía tengo independencia, hago todas mis cosas y no quiero ir a allí, no me apetece estar en aquel entorno porque sé que no me favorece. ¿Es que las personas mayores no tenemos derecho a una casa en la que podamos vivir dignamente?”, se pregunta. Teresa disfruta de plena autonomía y su vida social, a la que no quiere renunciar, es intensa. “El problema es que con mi pensión no puedo pagar un alquiler, porque si pudiera, ya hace tiempo que me hubiese mudado; tengo asma y bronquitis crónica y esta casa está llena de humedad”, subraya. “Sé que hay viviendas de protección oficial en Timibúcar que están vacías, y lo que no entiendo es por qué no me dan una. ¿Por qué quieren meterme en la residencia si yo puedo desenvolverme bien en una casa?”, insiste.