La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha detallado que según los últimos datos actualizados quedan pendientes unas 300 pruebas de edad a menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias.
Santana ha dado el dato en el pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Popular Poli Suárez, sobre el cumplimiento de las medidas sugeridas en el informe del Defensor del Pueblo en el que se habla de “violación sistemática” de derechos fundamentales de estos menores.
Ha explicado que la declaración de mayoría o minoría de edad de estos chicos no es competencia de Canarias, como tampoco la tramitación de permisos de residencia o de trabajo, pese a lo cual su departamento ha mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno en las islas para buscar soluciones, lo que “está teniendo sus frutos”.
Santana ha especificado que cuando desde Canarias se empezó a denunciar “el colapso” en la determinación de pruebas había pendientes en torno a 1.300 o 1.400 y hoy ese número ha disminuido “notoriamente” hasta las 300.
“Son bastantes pero se ha logrado desatascar una mayoría de las pruebas”, ha zanjado.