El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha defendido que la expulsión de más de medio centenar de migrantes sin techo que pernoctaban en la playa de Las Alcaravaneras se ha debido a “la prohibición de acampar”. El Consistorio sostiene que no ha emitido ninguna orden al respecto y que se trata de “actuaciones habituales” de la Policía Local de la ciudad capitalina. En respuesta a este periódico, la Concejalía de Seguridad ha añadido que “al ser personas migrantes, se avisó a la Policía Nacional con el objetivo de que se les atendiera tal y como establece el protocolo, porque la Policía Local no tiene competencias en materia de extranjería”.
La plataforma Somos Red, que atiende en la zona a los migrantes proporcionando alimentos, mantas o casetas, denunció este lunes que el pasado 30 de marzo la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria les ordenó que debían abandonar el enclave “sin ofrecerles ninguna alternativa de alojamiento”. El colectivo asegura que los agentes reconocieron que la medida se tomaba en previsión del aumento de tránsito de la zona, tanto de residentes como de turistas, debido a la llegada de la Semana Santa. Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sostiene que el desalojo no ha estado relacionado con la Semana Santa.
“Los chicos se dispersaron por la ciudad, pero poco a poco fueron volviendo porque no tienen ningún lugar donde pasar la noche”, recuerda Javier Aparicio, miembro de la plataforma Somos Red. En este sentido, explica que durante las últimas semanas ha aumentado la afluencia de personas migrantes a la zona, en la que habitualmente pernoctaban en torno a una decena de migrantes, y hasta el 30 de marzo no se había producido ningún desalojo. “Nos decían que antes de las 7 de la mañana estuvieran todas las casetas plegadas, pero esta vez aparecieron antes”. Este 5 de abril, en torno a las 6 de la mañana, las personas que pernoctaban en Las Alcaravaneras fueron desalojadas de las casetas y conminadas a abandonar el enclave. “La situación es dantesca. Hay cientos de migrantes en la calle y nadie se hace cargo de ellos”, añade Aparicio.
Ya sea por abandonar por voluntad propia o ser expulsados de recursos alojativos, numerosos migrantes se han quedado en la calle en Gran Canaria, que a finales de enero la Cruz Roja enumeraba en casi 100 y que en la actualidad, Somos Red, que nació en febrero para dar respuesta a esta situación, cifra en “centenares”. La acogida solidaria de vecinos o vecinas de la isla mitiga la realidad de algunos migrantes que se han quedado fuera de los recintos habilitados, que suman un total de 7.000 plazas distribuidos en seis campamentos en tres islas, además de los recursos del sur de la isla que aún están destinados a la acogida humanitaria de emergencia y los centros de menores que gestiona el Gobierno regional. Desde 2020 han llegado a las islas a través de la ruta atlántica más de 26.000 personas y según las cifras que ofreció la Delegación del Gobierno en Canarias en enero, más de 12.000 migrantes, entre ellos 2.000 menores, permanecen en las islas.
Numerosos migrantes han protestado para reclamar que se les permita salir de las islas hacia el continente europeo y no ser deportados, pero también hay quienes reclaman volver a su país al estar bloqueados en campamentos en las Islas y no poder seguir su proyecto. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, aseguró en febrero que tenía detectados más de medio centenar de inmigrantes africanos que querían regresar a sus países de origen, una situación que consideró “un elemento positivo”.
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