El Consejo de Ministros aprobó hace una semana una partida de 20 millones de euros para apoyar a las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes no acompañados trasladados desde Ceuta y Canarias. El Archipiélago canario, uno de los puntos de España al que llegan más niños, niñas y adolescentes solos, recibirá 1.217.534,25 euros. Esta cantidad, tal y como ha explicado a este periódico la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, se invertirá en las derivaciones y también en la estabilización de los recursos creados durante la emergencia.
En concreto, cerca de 500.000 euros irán destinados al traslado de menores a otras regiones del país y unos 717.000 euros se utilizarán para mejorar la acogida. Teniendo en cuenta las últimas llegadas, permanecen en Canarias hasta el momento 2.332 menores. De ellos, 1.899 están acogidos en centros del Gobierno regional y 433 en recursos de los cabildos. Hasta ahora, han sido reubicados en otras comunidades autónomas un total de 224. Según Gemma Martínez, se prevé que entre este año y el siguiente hayan sido derivados 700 niños y niñas.
La dotación de 20 millones propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se corresponde con el segundo pago de los 35 millones presupuestados por la cartera que dirige Ione Belarra para hacer frente a la acogida de menores migrantes. Los primeros 15 millones fueron destinados a Canarias, Ceuta y Melilla, por ser los principales puntos de llegada. Entonces, la cantidad se repartió en seis millones para el Archipiélago y 4,5 millones para cada una de las ciudades autónomas.
En esta ocasión, Galicia y Cataluña son las comunidades autónomas que recibirán una mayor cuantía. Cada una de ellas dispondrá de 2.094.520,55 euros para acoger a 40 menores en cada territorio. Andalucía, que se ha ofrecido a acoger a 38 menores, por lo que contará con 2.014.794 millones. Le siguen Asturias (31 menores), Madrid (30), Castilla y León (28), Extremadura (22), Cantabria (21), Aragón (21), Baleares (18), la Comunidad Valenciana (18), País Vasco (18), Navarra (17), Murcia (17), Castilla La Mancha (16), y La Rioja (3). “La respuesta a las situaciones de acogida siempre debe articularse desde la corresponsabilidad”, ha apuntado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
Recursos estables
Una de las principales causas de la crisis de acogida que vivió Canarias en 2020 fue la falta de recursos estables. Muchos de ellos se habían desmantelado en legislaturas anteriores. Por esta razón, el Gobierno de Canarias tuvo que recurrir a habilitar complejos turísticos como espacios en los que albergar niños y niñas migrantes. En esta línea, tal y como ha explicado la viceconsejera de Derechos Sociales, uno de los objetivos es sacar a licitación los servicios de atención a menores.
De este modo, las Islas podrían estar mejor preparadas ante un nuevo repunte en la ruta del Atlántico. “El objetivo es dar estabilidad a los recursos, a los proyectos y a las entidades que acompañan a los menores. Hemos pasado de una situación de emergencia a una de estabilidad, por lo que el trabajo que se puede hacer con ellos es diferente”, añade Gemma Martínez. A pesar de ello, la viceconsejera también recuerda que las Islas “siguen teniendo muchos menores”. “Muchos entran, muchos salen, y a veces tenemos que cerrar centros para volver a abrirlos. Es una situación de incertidumbre”, detalla.
El tapón en las pruebas de determinación de la edad ha sido uno de los principales problemas derivados de la saturación de los recursos en las Islas. La lentitud de los trámites ha obligado en ocasiones a los menores a convivir con adultos durante meses, con todos los problemas que esto conlleva. En junio de 2021, una denuncia anónima alertó de que dos hombres adultos alojados en los apartamentos Puerto Bello, en el sur de Gran Canaria, habían abusado supuestamente de un niño también acogido allí.
En el último año se ha logrado agilizar este procedimiento, pero en la actualidad aún hay 667 personas pendientes de la prueba, 599 en dispositivos del Ejecutivo y 68 en recursos de los cabildos insulares). De los menores acogidos en los 45 recursos gestionados por el Gobierno canario,1.066 están escolarizados o recibiendo algún tipo de formación profesional. En el caso de los migrantes ubicados en centros de los cabildos, la cifra cae a 399.
Niños malienses
A partir de 2020, un nuevo perfil de menores destaca en la ruta migratoria hacia las Islas. Mientras que hasta ese año predominaron los niños y adolescentes que viajaban a Europa por razones económicas, hace dos años aumentó el número de jóvenes que escapaban del conflicto armado que golpea a Malí.
Esta semana, Gemma Martínez planteará ante la Unión Europea la posibilidad de habilitar para estos niños y adolescentes las mismas garantías que Europa aplicó para los menores ucranianos que huían de la invasión rusa. “Para ellos se articuló una directiva inédita que ofrecía una protección de emergencia a los niños ucranianos que viajaban solos. ¿Por qué para estos niños, que tampoco son europeos, las normas se aplican de una manera y para nuestros niños que vienen de Malí no?”, cuestiona la viceconsejera.