El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes desde la isla de La Palma que si alcanza La Moncloa derogará cualquier cambio que apruebe el Gobierno de Pedro Sánchez en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', porque eso empeorará el “drama humanitario” de la inmigración ilegal.
En las últimas semanas ha trascendido la intención del Ejecutivo de modificar algunos aspectos nucleares de esta normativa, aprobada en 2014 por el Partido Popular en solitario. El nuevo texto prevé limitar a dos horas el tiempo máximo de identificación en las comisarías (antes era de seis), reducir el importe de las multas, regular los cacheos y permitir que se obtengan imágenes de los agentes de seguridad en las manifestaciones.
Casado cree que estas aplicaciones dejan “desprotegidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. Y apunta que en Canarias esto “tiene una incidencia muy clara con el tema de la inmigración”. “[En el Archipiélago] preocupa mucho porque en los dos últimos años han llegado 40.000 inmigrantes ilegales a las costas canarias. Y esto solo es comparable con la crisis de los cayucos, también con un gobierno socialista por el mismo efecto llamada de papales para todos”, ha dicho Casado el mismo día en que casi 70 personas, entre ellas seis niños, han caído al agua en su camino a Canarias.
Según Casado, esa modificación de la ley “lo único que va hacer es empeorar las condiciones en las que se evita este drama humanitario”, creando además “tensión” en servicios sociales e “incluso en inseguridad ciudadana”. Para él la solución está en un refuerzo de efectivos de la Policía Nacional, una mejora de la cooperación con Frontex (a la que ya se le ha acusado en reiteradas ocasiones de hacer la vista gorda con las devoluciones en caliente) y con los países de origen, así como la puesta en marcha de los radares de vigilancia que adquirió el PP para “acabar con las mafias y dar un futuro de esperanza a estas pobres personas”.