La pandemia ha sido una “excusa” para vulnerar los derechos de los migrantes

La portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, y el juez que supervisa el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, han denunciado que la COVID-19 ha sido “una excusa” para vulnerar derechos fundamentales de los inmigrantes.

Lo han hecho en una mesa redonda organizada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en la que se han analizado los procesos de vaciamiento y reactivación de los CIE durante la pandemia, las alternativas al internamiento y las condiciones de vida en los centros.

Ambos han coincidido en que se ha utilizado la excusa de la COVID-19 para coartar derechos de las personas internadas en los CIE, que no podían ser visitados, tener contacto con familiares o ver protegida su salud con la garantía de unas mínimas medidas sanitarias.

“La pandemia ha generado una deriva restrictiva en materia de derechos fundamentales”, ha reprochado el magistrado, que ha afirmado que en materia de migraciones “se está actuando al margen del Estado de Derecho”.

Díaz Tejera ha relatado que ordenó cerrar el CIE de Barranco Seco (Gran Canaria) por puro sentido común. “La situación de hacinamiento generaba un encadenamiento de contagios y que cayeran como moscas”, ha recordado el juez.

El cierre del centro se ejecutó de forma inmediata, “nadie puso dificultades”, pero “lo más difícil” fue encontrar recursos para los internos, “no querían atender a los chicos”, ha afeado.

La “única” alternativa para los internos de los CIE durante la pandemia fue el sistema de acogida, ha señalado Faveres, que ha hecho hincapié en la diferencia entre las plazas de emergencia y las estables.

“La COVID ha sido una excusa para vulnerar derechos en todos los sentidos, pero el plan de poner en marcha 7.000 plazas de acogida en macrocampamentos es una solución de emergencia que no puede volverse estructural. A la gente hay que sacarla de Canarias, no se pueden seguir creando modelos de campamentos de emergencia”, ha lamentado Faveres.

La coordinadora de los servicios jurídicos de CEAR no se ha mostrado “muy optimista” ya que el nuevo pacto europeo migratorio apuesta por proteger las fronteras y agilizar el retorno de quienes no pueden permanecer en la UE y descarta obligar a los países a acoger solicitantes de asilo.

Basándose en ese marco y en el principio de solidaridad y reparto justo de responsabilidades, Faveres ha opinado que España “está en condiciones de pedir la reubicación” de las personas que llegan a Canarias, “frontera sur de la Unión Europea”, como se ha hecho en Malta, Grecia o Italia.