Este miércoles, mientras más de 350 personas llegaban a Canarias en pateras, la Unión Europea aprobaba el Pacto de Migración y Asilo después de años atascado. Este acuerdo establece nuevas reglas en todo el proceso migratorio, desde la llegada a algún país de la UE hasta la aceptación o denegación de la solicitud de protección internacional. El pacto, que trata de establecer un marco común en la gestión de una de las materias que más divide a la Unión, ha desatado el rechazo de las entidades especializadas en asilo y protección de los derechos de las personas migrantes. “Los valores de Europa se hunden aún más en el fondo del mismo mar donde pierden la vida miles de personas buscando refugio”, valora la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El pacto comenzó a gestarse en 2015, cuando más de dos millones de personas llegaron a Europa escapando de los conflictos de Siria, Afganistán e Irak. La solidaridad en la acogida de refugiados era, en principio, la columna vertebral de este acuerdo. Las objeciones de los países miembros que rechazan la acogida de refugiados han transformado el texto en una norma que refuerza el control de las fronteras europeas y la idea del continente como una gran fortaleza. Estas son algunas claves del acuerdo que se ha firmado con España en la presidencia del Consejo de la UE.
Solidaridad
Entre las reivindicaciones de los países del sur de Europa, como España o Italia, estaba la solidaridad obligatoria. La petición se ha repetido también en las recientes emergencias humanitarias que ha atravesado Canarias. Las Islas han reivindicado su carácter de frontera europea tanto en la crisis de 2020 como en la de 2023, cuando han llegado al Archipiélago cerca de 40.000 personas.
Esta exigencia se ha topado con el rechazo de algunos Estados del norte y del este continental. La UE se ha comprometido a acoger y reubicar en diferentes países a un mínimo de 30.000 solicitantes de asilo. Sin embargo, no se han fijado cuotas obligatorias. Esta cuota se asignará en función de la población de cada país y de su Producto Interior Bruto (PIB).
Fuentes cercanas a la elaboración del pacto han explicado a esta redacción que el acuerdo contempla tres tipos de medidas de solidaridad: la reubicación, las contribuciones financieras y las medidas alternativas de solidaridad. Los Estados que no quieran acoger podrán pagar 20.000 euros por persona rechazada. Según estas fuentes, el dinero se destinará a proyectos pertinentes para hacer frente a la situación de crisis que atraviesa el Estado miembro o en los terceros países.
Situaciones de crisis
El pacto cuenta con un Reglamento sobre situaciones de crisis. Este establece un régimen para situaciones excepcionales de llegadas numerosas de migrantes por tierra, aire o mar, incluidas las personas desembarcadas tras operaciones de búsqueda y salvamento. Para ser considerada una situación de crisis, el sistema de asilo, acogida, retorno y los servicios de protección deben estar colapsados, “incluso como resultado de una situación a nivel local o regional”, como ha sido el caso de Canarias.
Una situación de crisis también puede darse como consecuencia de la instrumentalización que un tercer país haga de las personas migrantes, con el objetivo de desestabilizar a un Estado miembro de la UE. El pacto contempla una duración máxima de tres meses para una situación de crisis, con posibilidad de prorrogarse hasta los doce meses.
Menores
La UE ha tomado la decisión de bajar de 14 a seis años la edad a partir de la que los menores migrantes son sometidos al mismo procedimiento de identificación policial que los adultos. Este procedimiento incluye la toma de huellas y datos biométricos, como el reconocimiento facial, de manos y ojos.
Save The Children ha advertido que esta medida es un “retroceso grande” en los derechos de la infancia migrante, ya que facilita su detención y estancia en instalaciones policiales. El director de la entidad en España, Andrés Conde, alerta de que su detención puede tener un impacto en la salud mental y física de los niños migrantes y en la continuidad de su proceso educativo. “En ningún caso estar en situación de detención es del interés superior de los niños”, concluyó.
Control fronterizo
El pacto también endurece los controles fronterizos y muestra una apuesta clara por las devoluciones. Uno de los cinco reglamentos del acuerdo establece un control previo a las personas que intentan entrar al continente por tierra o por mar. Este procedimiento puede durar hasta siete días y se llevará a cabo en “un lugar adecuado” elegido por el país miembro y situado en las fronteras exteriores o en sus proximidades.
En este proceso se recopilarán datos biométricos y huellas dactilares, también de niños mayores de seis años. CEAR ha denunciado que los solicitantes de asilo deberán someterse a una serie de controles obligatorios en los que correrían el riesgo de permanecer privados de libertad hasta que se permita la entrada en la UE. “Esto se haría bajo la presunción de una ficción jurídica de no entrada, contraria al Derecho Internacional y representativa del intento de consolidar las fronteras como espacios de no derecho”.
Las personas solicitantes de protección internacional no pueden ser devueltas a su país de origen, ya que allí su vida corre peligro. En Canarias se han paralizado deportaciones de migrantes que han solicitado asilo en España y que estaban a punto de ser devueltos a Estados como Malí, que atraviesa una guerra.
CEAR advierte que algunas personas tendrán “menos garantías y derechos” por proceder de un determinado país de origen o por estar indocumentados. “Se aplicarán criterios discriminatorios y procedimientos fronterizos acelerados, contrarios a la prohibición de discriminación por nacionalidad y a la obligación de una eval´oacin individualizada, lo que supone una amenaza real al principio de no devolución”.
Tramitar la solicitud de asilo
El procedimiento para solicitar la protección internacional será común a todos los estados miembros, y no tiene por qué tramitarlo el país de primera recepción. Aunque el solicitante no podrá elegir a qué país dirige su solicitud, se tendrán en cuenta elementos como la presencia de familiares en países de la UE, si habla la lengua oficial de alguno de los países o si ha estudiado en ellos. Para muchos senegaleses que han llegado a Canarias en 2023, las Islas son solo un punto de paso hacia Francia, donde viven familiares con quienes se pretenden reunir.
Fuentes próximas al pacto explican que se especificarán las categorías de personas que deben tener derecho a prima facie o un procedimiento acelerado de concesión de la protección internacional. La prima facie permitirá a los Estados miembros aplicar excepciones como la omisión de entrevista personal y la priorización del examen de la solicitud “porque es probable que esté bien fundamentada”. En estos casos, la autoridad deberá velar por que el examen de la solicitud concluya como máximo cuatro semanas después de la presentación de la solicitud.
CEAR lamenta la ausencia de un plan para crear vías legales y seguras que eviten que las personas arriesguen su vida para llegar a Europa. La ruta migratoria hacia Canarias lleva años siendo la más mortal de acceso al viejo continente. Solo en 2022, al menos 561 personas murieron intentando llegar a las Islas. Muchos cuerpos han desaparecido para siempre en el océano.
Reacciones en Canarias
El contenido del pacto que se conoce hasta ahora tampoco ha convencido al partido que gobierna Canarias. “No nos gusta nada”, aseveró la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido. La representante del partido nacionalista ha criticado que la ruta canaria no haya sido “el centro de mucho debate” en Bruselas. Valido también ha rechazado que los países “que no quieran migrantes” lo resuelvan pagando.
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, ha celebrado el acuerdo. “Aunque haya nacido por el grito de otro país, Canarias vive una situación sumamente compleja y no puede seguir esperando a que la solidaridad sea la respuesta”.
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) no cree que pueda considerarse un éxito, ya que los migrantes son tratados como “mercancía”. El partido también ha cuestionado que se haya dejado al margen a los menores no acompañados, “esencial” para el Archipiélago, que tutela en la actualidad a cerca de 4.000 niños y adolescentes.
El eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar, uno de los negociadores del pacto en la Eurocámara, ha defendido en declaraciones recogidas por la agencia Efe que se trata de un acuerdo “pensado para Canarias”. “A partir de su entrada en vigor, por fin contaremos con una respuesta europea al hecho migratorio y sus desafíos, especialmente ante situaciones de crisis”.