El desalojo de una nave precaria habilitada para la cuarentena de migrantes en Fuerteventura desata la ira de los empresarios turísticos

El Ministerio de Migraciones, después de una recomendación del Defensor del Pueblo, ordenó el desalojo de la conocida Nave del Queso en Fuerteventura, habilitada hasta el momento como lugar de cuarentena para las personas llegadas en pateras y cayucos a la isla. Las condiciones de este recinto, de gestión compartida entre el Ejecutivo central y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, no eran buenas, por lo que el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, pidió que se reubicara a las personas en otros lugares de forma progresiva, empezando por las mujeres y los niños. El Servicio Canario de Salud ha habilitado un nuevo centro que ha desatado la ira de los empresarios turísticos de la isla, que han tildado incluso de ''aberración'' la presencia de migrantes en hoteles.

En la mañana de este martes, una veintena de empresarios del sector turístico de Caleta de Fuste y representantes del Ayuntamiento de Antigua, incluido el alcalde, Matías Peña, se concentraron a las puertas del recurso turístico para rechazar el traslado de migrantes a sus instalaciones. La corporación municipal rechazó ''enérgicamente'' que se utilicen hoteles para dar acogida a las personas migrantes que hasta ahora se alojaban en la Nave del Queso. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Canarias ha insistido en que en ningún caso se trata de un centro de acogida, sino de un recurso de gestión compartida reservado para las cuarentenas.

El presidente de la patronal turística de Fuerteventura, Antonio Hormiga, también se sumó a la protesta y aseveró que era una “absoluta aberración” la presencia de inmigrantes en hoteles. Hormiga vinculó la crisis turística que atraviesan las Islas por la pandemia con la inmigración y defendió que puede derivar en la ''pérdida de innumerables puestos de trabajo''. “Quedan pocos días para conocer si, por fin, los turistas británicos van a volver a la Isla, y a Caleta de Fuste, y no los podemos espantar con noticias de este tipo”. 

Pocas horas antes, el presidente de la patronal había pedido que no se demonizara a los turistas que viajan a la isla e incumplen las medidas sanitarias implantadas para frenar la COVID-19. En las últimas semanas, las autoridades han tenido que intervenir en numerosas ocasiones para disolver varias fiestas ilegales en las que se incumplía el toque de queda, el uso de mascarillas o la distancia de seguridad. En una de estas intervenciones, se desalojó a 84 turistas en una vivienda vacacional en Corralejo.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado que el objetivo de esta reubicación ha sido ''la realización eficiente de las cuarentenas''. El nuevo espacio habilitado se ''ajusta al número de personas que requieren este tipo de asistencia en la actualidad''.

Amnistía Internacional, después de una visita, concluyó que la Nave del Queso no reunía las mínimas condiciones sanitarias necesarias. ''Hombres, mujeres y niños permanecen en condiciones deleznables, sin mínimas medidas de higiene, privadas de libertad, hacinadas, en unas circunstancias infrahumanas''.

Revuelo político

Además del alcalde de Antigua, el presidente del Cabildo insular, Sergio Lloret, también rechazó la decisión de que los migrantes pasen la cuarentena en un hotel habilitado para este fin. ''La solución a la crisis migratoria no es hipotecar la recuperación económica de la isla'', apuntó Lloret. Este discurso ya ha sido empleado en otras islas mientras los migrantes se alojaban de forma temporal en complejos turísticos destinados a la acogida humanitaria. El repunte en las llegadas y la falta de una red estable de recursos obligó al Ministerio de Migraciones a utilizar hoteles cerrados por la pandemia como una alternativa de emergencia. En la actualidad, todos los adultos han sido reubicados en grandes campamentos instalados en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), vinculó en varias ocasiones esta decisión a la caída turística que vivió el Archipiélago por la COVID-19. Bueno llegó a amenazar con sanciones a los empresarios hoteleros si continuaban alojando migrantes en sus instalaciones. Además, ordenó la inspección de unos apartamentos utilizados para acoger a menores extranjeros no acompañados. Líderes de Vox, del PP y de Coalición Canaria también aprovecharon el fenómeno para responsabilizar a los migrantes de la crisis económica que ha estallado en la comunidad autónoma tras la pandemia.

Coalición Canaria Fuerteventura ha acusado este martes al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos de provocar “caos” por la mala gestión de la inmigración. Unidas Podemos ha reaccionado para calificar de ''indignantes'' las protestas. El partido ha rechazado que se trate como ''apestados'' a los migrantes a través de un acto ''innecesario y racista que solo genera tensiones entre la ciudadanía del municipio y las personas migrantes'' que están en un hotel cerrado temporalmente.

La formación política se queja también del comunicado emitido por la patronal turística de Fuerteventura, Asofuer, en el que señala que “no se puede demonizar a los turistas por las fiestas ilegales que brotan por toda la isla”. 

Según Unidas Podemos Antigua, esto demuestra una vez más la “aporofobia que sufre una parte de la sociedad a la cual le molesta más que se protejan las vidas humanas de las personas refugiadas a que grupos de turistas realicen sin pudor fiestas de las cuales surgen brotes muchas veces y ponen en riesgo a la población”.