Declarar la “emergencia migratoria nacional” ha sido una de las propuestas del PP en las negociaciones con el Gobierno central para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y facilitar la acogida de menores migrantes entre comunidades autónomas. El Ejecutivo le ha respondido que entiende “que debe declararse la emergencia en los territorios que tienen esa presión migratoria, que, en estos momentos, son Canarias, Ceuta y Melilla”, y que es necesario justificar esa urgencia con criterios objetivos, puesto que “hay territorios del resto del país que no soportan tal emergencia”. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recordado que la “emergencia” ya se declaró el pasado año en Canarias. Profesionales que trabajan por los derechos humanos han explicado a este periódico que esa declaración puede generar “alarma social”, pero que persigue un claro interés económico, de contratar a priori con más agilidad pero con “menos transparencia”.
Para Irma Ferrer, abogada especializada en corrupción y que trabaja en materia de Derechos Humanos, “el PP aquí está haciendo lo que hace siempre, es el PP arrimándose a la extrema derecha”. La jurista sostiene que “es un lenguaje alarmista sin ningún fundamento en datos verídicos; es decir, no hay una alarma de gente que llegue en patera, no la ha habido”. “Creo que la intención del PP es el tema económico. La emergencia supone otro sistema de contratación de dinero público de manera que se relajan los mecanismos de protección y de control y se hace una contratación bajo el criterio de emergencia y esto no es culpa solo del PP, porque esto surgió en la pandemia con cero fiscalización, sin intervención de los organismos de inspección”, resume.
La profesora de Trabajo Social y activista por la paz Koldobi Velasco defiende que, cuando se plantea la emergencia migratoria, se está intentando “plantear un relato; como que esta realidad es una situación coyuntural y, por lo tanto, no es estructural”. “Después de 30 años de atención a la infancia migrante en Canarias es importante trasladar que con esta política migratoria lo que nos quieren hacer entender es que no es un derecho, sino que es una emergencia, y que, por tanto, es una amenaza y que frente a las amenazas hay que desarrollar el control, la contención, la coerción, la intersección o la devolución”.
Emergencia es entender que cabe la excepcionalidad democrática, la excepcionalidad de derechos y libertades, emergencia es dar respuestas coyunturales tarde, mal, privatizadas, mercantilizando
A su juicio, “emergencia es entender que cabe la excepcionalidad democrática, la excepcionalidad de derechos y libertades, emergencia es dar respuestas coyunturales tarde, mal, privatizadas, mercantilizando y sacando negocio de las migraciones, es no planificar, no realizar buenos diagnósticos, no utilizar ningún proceso de participación de las agentes y mucho menos de las personas migradas”.
Para Velasco, que integra también Alternativa Antimilitarista, “los espacios en malas condiciones” son “una apuesta política por la disuasión”. Y sostiene, que, por lo tanto, “emergencia es racismo institucional, desarrollar respuestas de urgencia con total discrecionalidad, con total arbitrariedad, del modo en que jamás trataría a niños, niñas y niñes blancos europeos”. La activista por la paz plantea que hay una doble responsabilidad cuando desde las instituciones “se pone a pelear a las gentes locales con las personas en movimiento”.“Consideramos que es muy importante que lo que sí lleva emergencia es un cambio de las políticas migratorias, abolir la Ley de Extranjería vinculada con acabar y derogar la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana, que es la Ley Mordaza”, apunta.
Ferrer, por su parte, insiste en la manipulación del lenguaje en esta “nueva era política”. Defiende que solo se pretende “manipular hablando de emergencia generando un odio al migrante infundado y que carece de cualquier dato: ni delincuencia, ni pobreza, ni maltrato a las mujeres ni nada”, remarca. “Encima se quiere utilizar un sistema de contratación rápido, pero ya lo hemos visto con el cambio climático: declaran la emergencia y luego lo que se declaran son políticas contrarias a cualquier recomendación para preservar el planeta. Ahora harán lo mismo: declarar la emergencia en migración para aprovecharse de un sistema de contratación que burla la fiscalización”, indica.
¿Para qué quieres declarar la emergencia si ni siquiera estás poniendo medios?
“¿Para qué quieres declarar la emergencia si ni siquiera estás poniendo medios? El Gobierno de Canarias no está poniendo los medios. ¿Qué pasa con el dinero que está llegando de migración? ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Qué subcontratas ha hecho el Gobierno?”, pregunta la abogada, que es una de las que llevó a la Fiscalía el estado de La Casa del Mar, en Lanzarote, cuando se denunció “el mal estado y la suciedad de las instalaciones, la distribución de ansiolíticos entre los menores” o episodios “de violencia física y verbal sufridos los usuarios del centro por parte de algunos educadores”.
La abogada insiste en la necesidad de mayor transparencia y en que se inspeccione a esas empresas que se subcontratan y que han surgido al albur de la inmigración en Canarias. “¿Quién está inspeccionando que esas empresas cumplen con su cometido, que no es ni más ni menos que la tutela de menores a quien se contrata?”, se cuestiona, y añade que no hay protocolos de actuación. Además, se sorprende de que se genere alarma con la cifra de 6.000 menores en unas Islas que reciben millones de turistas. Por ello, incide en que lo que está ocurriendo es el “manual del fascismo: manipular el lenguaje, hacerte con la economía y generar el problema”. “Están provocando ellos (los políticos) el problema, los sacan a la calle, están desasistiéndoles, es la cultura del odio”, subraya. “Para tener miedo a los chicos migrantes, te tienen que haber comido el coco mucho”, destaca.
La abogada Louelia Mint El Mamy, que trabaja por los derechos humanos asistiendo a personas migrantes y que también denunció la situación en La Casa del Mar de Lanzarote, señala que “hay una emergencia humanitaria” en el sentido de que “la gente se está muriendo intentando llegar a Canarias” y “eso sí que debería ser una emergencia y una alarma” y “no el hecho que asumir su responsabilidad en relación con unos menores. Es decir, no son negociables los derechos, las responsabilidades políticas no son negociables y muchísimo menos los derechos humanos”. Además, recuerda que el Cabildo de Lanzarote ya lo hizo para justificar la situación de desprotección de los menores de la Casa del Mar, y lo “usaron como estrategia política también declarar la emergencia”.
Canarias no tiene un problema con la migración, tiene problemas con la vivienda, con una comunidad autónoma que está empobrecida pese a los datos del turismo
“Sabemos que hay una estrategia. Ahora mismo, el PP le está comprando el discurso edulcorado a Vox y eso está claro”, indica la abogada, que añade que el Gobierno de Canarias (CC-PP) también ha comprado ese discurso para hablar de los menores usando palabras como “desbordado, saturado, colapsado, crisis migratoria, emergencia, para referirse a un porcentaje ínfimo, que es la inmigración irregular”. Louelia Mint El Mamy remarca que las personas se juegan la vida en el mar por las consecuencias de las políticas migratorias que no dejan que puedan entrar con un visado. “Canarias no tiene un problema con la migración, tiene problemas con la vivienda, con una comunidad autónoma que está empobrecida pese a los datos del turismo”, recalca.
“7.000 personas pueden llegar a un aeropuerto pequeño, el de Lanzarote, un día por la mañana sin control fronterizo, pero llegan 5.000 o 6.000 cada cinco meses de manera irregular y ya suponen una alarma”, lamenta la abogada, que se cuestiona “quién decide que la alarma sea la misma gente de siempre, que son gente pobre y que no les dejamos salir de otra manera por el color de piel que tienen”. “Entonces, quizá ese discurso es una estrategia política que está clara. No hay ninguna emergencia”, indica. “Y quizás sea hora de transformar el relato diciendo, ¿a quién le interesa que esto sí que sea una emergencia, un desborde y un colapso?”
La abogada remarca que se puede hacer mucho más por dar una acogida digna a los menores. Recuerda que pese a que ya hace 30 años que llegó la primera patera, la gestión siempre se basa en poner parches y tiritas. “No solo es que la acogida puede ser de otra manera, es que hay dinero y que no engañen con discursos en relación a que es un colapso, a que hay una crisis migratoria, no es real”. “La emergencia es que alguien no pueda salir por avión y ver cómo está la gente que está llegando a El Hierro destrozada”.
Otros ejemplos de utilización del lenguaje para generar esa alarma que menciona es que el Cabildo de Lanzarote decidió que los menores migrantes no usaran el transporte público tras un episodio racista o cuando cerró el albergue de La Santa, “el representante político del municipio dijo que ya el municipio iba a dormir tranquilo porque los menores se iban a ir a otro lugar”. “Hay que recordar que cuando se habla de migración y en concreto de la inmigración irregular, es la que menos llega, la que menos impacto tiene, pero se ponen todos esos discursos y esas palabras que son conceptos que están diseñados para para que pensemos que hay una alarma, que hay una emergencia, una invasión, una avalancha y que hay una crisis migratoria”, relata.
Para Koldobi Velasco, “el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y respetar los derechos, especialmente de las personas más vulnerabilizadas que son los niños y niñas, y dentro de la infancia las niñas, especialmente las negras. En todo esto vemos que hay un racismo que permea toda la narrativa y los relatos de la situación migratoria que sigue escondiendo las causas que producen el movimiento forzado y los intereses y negocios que hay detrás del fenómeno migratorio”. La profesora cita a la Fundación Por Causa, que recuerda que sólo el 2% del presupuesto para el fenómeno migratorio se invierte para los procesos de acogida y que el resto es para los dispositivo de represión y de militarización de fronteras. “El cambio de narrativa es urgente, porque hoy la narración de que son las enemigas está convirtiendo a las personas que están en peligro en peligrosas y el Estado cada vez es más penal y punitivo y menos de derechos”.
Velasco alude al geógrafo David Harvey, cuando dice que “es el Estado el que mira por el bienestar de las corporaciones y de los negocios y no por el bienestar de las poblaciones porque se sigue con esta mirada colonial y colonizadora extrayendo recursos de aquellos lugares donde son forzadas a salir las personas a las que se le secuestra la posibilidad de vivir en su lugar de nacimiento”.
La activista ha estudiado junto a un equipo de investigación el circuito de actuación y el modelo de intervención social y educativa para la inclusión de los menores migrantes no acompañados en España. En uno de los capítulos se concluye que “no existe una intervención integral que garantice la protección de estos niños y niñas de acuerdo con los estándares propuestos internacionalmente”. También que “se utilizan recursos residenciales inadecuados como campamentos, albergues, casas antiguas, hoteles, hacinamiento, mezcla de edades, ubicación lejana que se hace sin registro, sin apenas transparencia, se hace como reacción, no como un desarrollo con propuestas estables”.
El estudio sostiene que se solapan las respuestas de emergencia y de acogida con un retraso en la determinación de la edad y la “arbitrariedad” en la aplicación de la ley; que las medidas que se plantean son “asistencialistas con cobertura de necesidades básicas”, pero con falta de tutores y tutores para acompañar los itinerarios de cada uno de los niños.
“Sin acciones de prevención, sin integración, con escasos procesos comunitarios, sin apoyo a la emancipación, con plazas insuficientes, con muchos niños y niñas en situación de calle cuando cumplen los 18 años, con procesos privatizados; cuando hay más demanda se hacen recursos más específicos, más segregados, más privatizados y cuando hay menos demanda realmente hay una atención general y mixta. Por tanto se da una atención sin continuidad, con excepcionalidad y hay una situación de falta de formación especializada para profesionales”, expone Velasco.
Las propuestas son garantizar los derechos de información, de protección, de enfoque de derechos, de acceso a mecanismos de denuncia, acabar con las devoluciones y repatriaciones
La activista plantea que actualmente se acoge en mayor medida en macrocentros improvisados y se desarrolla “una institucionalización sin perspectiva antirracista, anticolonial, de género y de derechos” y “sin supervisión, sin apenas inspección pública y con retrasos al acceso a los procedimientos de asilo de niños y niñas o situaciones de maltrato o de abusos en centros”. También advierte de obstáculos en la regularización, retrasos en la escolarización y, por tanto, problemas para el acceso a los derechos y “sin medidas específicas que atiendan singularidades y situaciones diferentes”.
Velasco, que trabaja en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en un equipo de investigación, señala que, a la luz de los resultados, “planteamos que hay que dejar de ser un barco a la deriva. Las propuestas son garantizar los derechos de información, de protección, de enfoque de derechos, de acceso a mecanismos de denuncia, acabar con las devoluciones y repatriaciones, que se garanticen los derechos desde servicios públicos no externalizados con distribución equilibrada en Canarias y en el resto del Estado, un diseño de itinerarios basados en necesidades individuales ajustadas a sus expectativas y con su participación, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la autonomía y facilitar la adaptación al nuevo contexto porque son normalmente atenciones adultocéntricas”.
Organizaciones por los derechos humanos ponen el ejemplo de Ucrania
Desde CEAR, su coordinador territorial en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, explica que hay dos situaciones de emergencia vigentes. Por un lado, “la Consejería de Bienestar Social declara de emergencia social y atención prioritaria la situación de los menores extranjeros no acompañados y, en octubre 2023, el Ministerio de Inclusión declara a Canarias en situación de emergencia migratoria ante la intensificación de las llegadas vía marítima”. Señala que es una figura recogida en la Ley de Contratos del Sector Público que permite a la administración actuar con inmediatez, en este caso, “agilizando los trámites para la acogida y la atención de personas migrantes, sin llevar a cabo los procedimientos ordinarios de licitación, porque tiene la finalidad de dar una respuesta inmediata”, aclara.
“No tenemos del todo claro que sea necesario que, con carácter general, se declare la situación de emergencia en todo el territorio nacional”, sostiene Lorenzo. El coordinador de CEAR entiende que esa declaración “debe y puede ser declarada” por aquellas regiones que justifiquen “que en su territorio es necesaria para dar una respuesta ágil a la potencial acogida”. Y añade que “el riesgo de que genere alarma social está presente y es por ello que tenemos que ser extremadamente rigurosos y pedagógicos en la comunicación de la medida”. “Por poner otro ejemplo, la misma declaración se hizo en 2022 para hacer frente a la llegada de personas refugiadas ucranianas y la percepción ciudadana fue positiva y las administraciones públicas se movilizaron al instante. No entendería que en el caso de las personas migrantes y refugiadas provenientes de África debiera ser distinta. Se pretende dar una respuesta ágil para proteger los mismos derechos”, apunta.
Lorenzo cree que “el relato es crucial” y que la clave es “cuidar, ser constructivos, inclusivos, positivos, humanizar y poner rostro a través de la narrativa migratoria”. En el campo de la política, sostiene que “no se está sabiendo del todo generar un adecuado espacio de interlocución y de negociación, alejado de un clima de tacticismo político tan intenso”. Por ello, añade que faltan “menos reproches y más altura política para lograr un pacto de responsabilidad compartida”.
El sistema se limita a dar respuesta a la emergencia haciendo prácticamente inviable desarrollar un mínimo proceso de inclusión social con las personas de un colectivo de especial vulnerabilidad y protección
Desde CEAR, entienden que “el sistema padece de un colapso estructural permanente que se limita a dar respuesta a la emergencia, cobertura de necesidades básicas y cuidar la conveniencia, haciendo prácticamente inviable desarrollar un mínimo proceso de inclusión social con las personas de un colectivo de especial vulnerabilidad y protección. La inversión social es ineficiente, con una escasa rentabilidad social en el bienestar de las personas y en su futuro”. Defiende que “la reforma legal para una reubicación territorial en todo el Estado español es la única alternativa”.
Si pensamos en Ucrania aprendimos que hay una forma de proteger a la infancia en una situación de contingencia migratoria y todo pasó por una voluntad política y social
“Desde UNICEF no nos corresponde establecer qué mecanismo jurídico debe utilizarse. Lo que recordamos es que se necesitan traslados ágiles, dotar de recursos a las comunidades autónomas y que se refuerce a Canarias con recursos económicos y profesionales. El mecanismo jurídico que se utilice, corresponde al estado evaluarlo”, explica Sara Casero, técnica de Políticas de Infancia de la organización. Así mismo, remarca que se debería cambiar esa narrativa de generar alarma social y empezar a hablar de “voluntad política y social”. “Si pensamos en Ucrania aprendimos que hay una forma de proteger a la infancia en una situación de contingencia migratoria y todo pasó por una voluntad política y social. Necesitamos despolitizar esta cuestión y hablar de voluntad social. Para ello ayuda recordar que son niños, cuando hablamos de cifras eso se disuelve, y empezar a hablar de personas”, agrega.
“Necesitamos un esfuerzo de despolitización y negociación. Que todas las partes recuerden que estamos hablando de niños. Antes de la vía marítima han migrado por tierra y han salido de una situación horrible en sus países. La salud mental de estos niños está impactada por lo que han vivido y por la no acogida al llegar”, concluye.
Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de Save The Children, apunta que en este caso la declaración de emergencia responde a cuestiones muy burocráticas para que en estas condiciones “se puedan hacer esos traslados, se dediquen fondos y demás, y lo que hace es que sea más sencillo”. En este sentido, lo diferencia de declarar el “estado de alarma” o de emergencia. No obstante, desde la entidad insisten en que debe responderse de manera “urgente” a la emergencia y que haya una acogida “corresponsable” en todo el territorio. Explica que si nos vamos a los datos, esa acogida entre regiones sería de unos 150 niños y niñas por comunidad autónoma, con lo cual “no son cifras inasumibles”. En este sentido, añade que “egoístamente son además un valor para la sociedad que acoge” por lo que es importante que la acogida sea inclusiva e integre en la sociedad.