El Gobierno de España y el de Canarias han pactado este lunes una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores migrantes no acompañados llegados al país entre todas las autonomías y aliviar a aquellas que registran ya una situación de “emergencia” en la materia.
Sin embargo, aún hay flecos que pulir, ya que mientras que el Gobierno central apuesta por una proposición de ley para repartir a unos 2.500 menores de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, el Gobierno regional pide que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo “más ágil”.
Así se ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa tras una reunión en la que participaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, de forma telemática.
“Hemos trasladado al Gobierno de Canarias que sea una propuesta legislativa. Aquí tenemos una pequeña divergencia porque ellos entienden que debe ser un decreto ley para su aplicación inmediata desde el Gobierno de España por seguridad jurídica”, dijo Torres.
El ministro opinó que la proposición de ley “es el mecanismo mejor”. “En cualquier caso, estamos abiertos a que sea la más factible porque la propuesta que hacemos de proposición de ley es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado. Se podría aprobar en tres meses”, expuso.
Además, hizo especial hincapié en que se estudiará cualquier otra propuesta que aligere los plazos, mientras que insistió en que en el texto que propone el Gobierno, “lo que hemos hecho es una modificación legislativa que se aplica a los territorios que tengan en estos momentos una contingencia de emergencia inmigratoria, que son tres a día de hoy, Ceuta, Melilla y Canarias”.
“Puede ser cualquier otro territorio (continuó) que tenga esa contingencia inmigratoria, por lo tanto se aplica esa modificación legislativa para estos tres territorios, modificando el artículo 35, con una previa conferencia sectorial y con los criterios que en estos momentos ya han sido aprobados en esa conferencia”.
Que no se exceda un 150% de la capacidad
Además, Torres señaló que el reparto se realizará en aquellas comunidades en las que se exceda un 150% de la capacidad asignada, lo que en Canarias significa para a tutelar unos 3.000 menores.
Al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, indicó que, si bien sigue habiendo una cantidad importante de menores migrantes tutelados en las islas, será “evidentemente un alivio de presión importante para los recursos saturados”.
“Con lo cual el Ministerio, al tener un grado de saturación de un 150%, está determinando que la capacidad canaria es de 2.000 y ese 50% más son los 1.000, con lo cual dejaría en 3.000, que es lo que se nos quedaría aquí aproximadamente, el cupo que debería tener Canarias”, explicó el dirigente regional.
Clavijo declaró que Canarias reclama de igual modo que una vez que una comunidad esté saturada y tenga el 150% cubierto, a los nuevos menores que lleguen de manera irregular se les asigne directamente una comunidad y que, tras un periodo de quince días, puedan ser derivados.
“Nuestros servicios jurídicos”, dijo, “entienden que el Estado, independientemente de que estén en Canarias, haga la asignación en este momento”.
Con todo, el presidente apuntó que la Comunidad Autónoma y el Ministerio han quedado emplazados para trabajar en los próximos días.
“A ver si en el plazo de 10 o 15 días se puede producir otra sectorial interministerial donde ya tengamos el texto. Y si el acuerdo político es decreto ley, pues decreto ley, y que si el acuerdo político es proposición de ley, pues que sea proposición de ley”, afirmó.
En cualquier caso, esperó que, en el mejor de los casos, en septiembre se pueda contar ya con un acuerdo y que se pueda comenzar con las derivaciones de menores migrantes a otras CCAA.