Izquierda Unida Canaria (IUC) ha reclamado al Cabildo de Lanzarote que “revierta de inmediato” la decisión de impedir que los menores inmigrantes del centro de La Santa puedan viajar solos en las guaguas públicas y garantice su acceso, sin distinción de origen. Fue esta misma semana cuando el Cabildo insular informó de esta medida después de que se viralizara el vídeo de un enfrentamiento entre un adulto y dos jóvenes en una guagua.
“Es fundamental que las instituciones promuevan políticas inclusivas y respetuosas con los derechos de todas las personas, en lugar de fomentar la división y el racismo”, ha señalado la responsable de IUC en Lanzarote, Solange Voiry, en un comunicado tras acordar el Cabildo con la ONG que está a cargo de los menores que fueran acompañados por un educador del centro con el fin de garantizar su seguridad.
IUC ha señalado que esta medida “lejos de proteger a estos jóvenes, constituye una clara violación de sus derechos fundamentales y una muestra de racismo institucional que no puede ser tolerada”.
Para Voiry, “es inadmisible que en pleno siglo XXI estemos presenciando actos de segregación racial bajo el pretexto de la seguridad; los menores migrantes tienen los mismos derechos que cualquier otro joven en nuestra isla, incluido el derecho a la movilidad y al acceso al transporte público”.
IUC ha recalcado que esta medida les estigmatiza, contribuye a su aislamiento y dificulta su integración en la sociedad y ha señalado que la seguridad no puede ser utilizada como excusa “para implementar políticas discriminatorias y xenófobas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de los individuos”.
La citada formación política ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las organizaciones sociales a unirse en la defensa de los derechos de los menores migrantes y a rechazar cualquier intento de segregación o discriminación.
El consejero del Bienestar Social del Cabildo, Marciano Acuña (CC), ha explicado que se trata de una medida provisional, adoptada de forma conjunta con lo responsables de la ONG FEPAS que gestiona el centro y destinada “a preservar la seguridad” de los menores cuya tutela depende de la corporación insular, ante los incidentes que se estaban produciendo en algunos trayectos y paradas.