Doce menores migrantes denuncian haber sido maltratados en un centro de acogida en Gran Canaria

Doce menores inmigrantes han denunciado, en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número seis de Las Palmas de Gran Canaria, que han sido objeto de malos tratos por parte de los educadores y del director del centro en el que están acogidos, y uno de ellos dice haber sufrido “posibles tocamientos”.

Se trata de un centro situado en Tafira y gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la misma entidad investigada por la Fiscalía Anticorrupción tras hallar indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La Fiscalía investiga desde hace meses a cuatro directores responsables de tres centros en Gran Canaria y a otros dos en Lanzarote. Según se desprende de las inspecciones realizadas entonces por la Fiscalía de Las Palmas y el Defensor del Pueblo, a pesar de los millones de euros recibidos por la entidad para la entidad de los menores, el estado de los centros es “lamentable” y se detectó un “alarmante deterioro de las instalaciones” y una “deficitaria gestión” de los recursos. 

Los hechos que denuncian ahora estos doce jóvenes comenzaron a producirse a principios de este mes cuando se incorporaron nuevos educadores, fecha en la que uno de los menores dice que se produjeron los “posibles tocamientos en el despacho del director”, según relata el periódico La Provincia.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha solicitado un informe sobre lo ocurrido para dar parte a la Fiscalía, y si fuera necesario procederá al cierre del centro, indica el citado periódico.

Conforme al relato de los menores en su escrito, el pasado jueves uno de los chicos recibió “golpes fuertes” por parte del director mientras lo sujetaba otro empleado y, al escuchar sus gritos, varios menores “rompieron la puerta” para acceder a la habitación donde sucedieron los hechos.

Estos chicos, según el periódico, al día siguiente, el viernes, fueron “amenazados” si contaban algo de los ocurrido y ese mismo día 23 menores se escaparon del centro, si bien los trabajadores trataron de impedir su marcha y a uno en su intento le ocasionaron rasguños, según el escrito presentado al Juzgado por los doce menores, tras intentar sin éxito poner en conocimiento estos supuestos hechos en la comisaría de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria.

Los doce denunciantes de los supuestos hechos no han regresado al centro de acogida, por lo que los representantes de los menores migrantes no acompañados han denunciado a la Policía Nacional su fuga, tal y como establece la ley.

La gestión de este centro de acogida, con capacidad para albergar a 71 menores migrantes, fue asignada a la citada ONG tras el repunte en la llegada de menores migrantes no acompañados a las Islas, que requirió de una respuesta urgente para dar asistencia a miles de niños y adolescentes. La fundación recibió 12 millones de euros de dinero público para integrar y acoger a estos menores, pero parte de este dinero nunca llegó a ellos y acabó en tratamientos de belleza, hoteles de lujo, viagra o parches para dejar de fumar, entre otros gastos.

Más allá de la querella presentada por Anticorrupción, Siglo XXI ha estado antes en el ojo del huracán por supuestos casos de explotación sexual, intimidación, agresiones y racismo en sus centros de Gran Canaria. La entidad se ha defendido asegurando que es “parte activa y colaboradora” en la investigación de la Fiscalía, entregando 24.709 páginas de facturas y comprobantes digitalizados.

Un centro gestionado por una tesorera de Vox

Una de las querelladas por la Fiscalía Anticorrupción es María de los Ángeles Barroso, que fue directora del centro de menores Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre los meses de diciembre de 2020 y 2021. En aquellas fechas era, además, vicesecretaria y tesorera de Vox en Las Palmas. En las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo concurrió con Unidos por Gran Canaria, como número ocho en las listas al Ayuntamiento de la capital. Durante su periodo como directora, un grupo de trabajadores se quejó del trato dispensado por Barroso a los menores y de sus comentarios racistas.