Un motín de los pasajeros de un avión de Air Maroc frustra la deportación de una persona migrante de Guinea Conakry desde Gran Canaria
“Españoles, ¿yo qué he hecho? Abran la puerta, quiero bajar”, con estas palabras, desesperado, sentado en el suelo y con un cinturón de seguridad que le ataba las piernas a la altura de las rodillas, un hombre natural de Guinea Conakry rogaba que no le deportaran a su país. Los hechos han tenido lugar este sábado en un avión de la compañía Royal Air Maroc que partía desde Gran Canaria a las 12.50 con destino a Casablanca (Marruecos).
Según la versión de una testigo de los hechos, la intervención de tres de los pasajeros que iban a bordo, luego secundada por otros, hizo que la aeronave no despegara y que la persona pudiera bajar. La Policía Nacional ha confirmado que el vuelo se paralizó para “dejar a esta persona nuevamente en la Isla”.
El hombre, escoltado por dos agentes de la Policía Nacional, protestaba de manera incesante sentado en el suelo en la última fila del avión. Suplicaba que no lo deportaran a su país porque allí le ingresarían en la cárcel, siempre según la versión de la testigo. Entonces fue cuando empezaron a intervenir tres de los pasajeros que iban a bordo. Preguntaron al hombre si había pedido asilo, a lo que respondió que no. Los pasajeros hablaron con los agentes que lo custodiaban para tratar de impedir que el avión despegara y se llevara a cabo la deportación, alegando que se estaba incumpliendo la legalidad en el procedimiento de expulsión. Entre los presentes había un funcionario de la Unión Europea, según la mujer a cuyo testimonio ha tenido acceso este periódico.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
Después de momentos de tensión, en los que el personal de la compañía trataba de frenar la intervención de los pasajeros pidiendo a gritos que se sentaran para facilitar el despegue del avión, los agentes de la Policía Nacional pidieron que se paralizara el vuelo para que el varón pudiera bajar por orden de sus superiores.
En un principio, la compañía se negó y continuó con las maniobras de despegue a pesar de las peticiones desesperadas del inmigrante y algunos de los pasajeros. Pero después de una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 y la intervención de los pasajeros ante el personal de la compañía (uno de ellos llegó a hablar con el comandante de la aeronave), el avión frustró su despegue y abandonó la pista, regresando a la zona de aparcamiento y permitiendo que el hombre bajara. La tripulación impidió luego que la pasajera que se mostró más activa y más favorable a las reclamaciones del inmigrante volviera a tomar ese vuelo.
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