El campamento de primera acogida para inmigrantes operativo entre agosto y noviembre de 2020 en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, llegó a albergar a la vez hasta 80 personas con PCR positivas en coronavirus, a las que no se aisló en las condiciones que fija la autoridad sanitaria.
Es lo que pone de manifiesto el Defensor del Pueblo en el informe elaborado tras la visita no anunciada que realizaron el pasado 16 de noviembre a ese campamento cuatro de sus técnicos junto a tres intérpretes. El informe del Defensor insta a una mayor “coordinación entre administraciones para aplicar en Canarias las medidas de aislamiento necesarias a inmigrantes” cuyas PCR den positivo, y de cuyo contenido dio parte al Ministerio del Interior.
“El médico de Atención Primaria asistía con urgencia y efectividad a todos los enfermos que apremiaban atención. Sin embargo, la situación de hacinamiento y la carencia de condiciones mínimas de habitabilidad del recinto imposibilita el seguimiento de los pacientes, una vez abandonan la tienda para la atención sanitaria. No hay ventilación periódica de instalaciones, de hecho, no hay ventilación alguna en las tiendas en las que pernoctan parte de las personas que se encuentran en el recinto”, dice el Defensor sobre el campamento de Arguineguín, ya cerrado.
Cinco días después de la visita del personal del Defensor del Pueblo al campamento de Arguineguín, al que varias ONG bautizaron como “el mulle de la vergüenza” debido a sus precarias condiciones, entró en vigor una orden de la Consejería de Sanidad de Canarias que dispuso “el aislamiento obligatorio” de los inmigrantes llegados en patera “que resulten positivos confirmados de COVID-19 y no requieran de hospitalización”.
Esta medida “urgente, extraordinaria y temporal de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19” sigue vigente, pero algunos colectivos de atención a los inmigrantes sostienen que se vuelve a incumplir en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, abierto desde el cierre de Arguineguín.
Esto es lo que ha denunciado, entre otras entidades, el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias, en una queja que ya cuenta con una primera contestación del Defensor del Pueblo.
El titular de esta institución, Francisco Fernández Marugán, explica en su respuesta a esa queja que la Delegación del Gobierno en las islas le ha asegurado que sus carpas “son temporales” y que ha solicitado “instalaciones más sólidas que las sustituirán paulatinamente”.
La Delegación ha asegurado a Fernández Marugán que en este CATE se realiza la filiación y el registro de los inmigrantes que han de permanecer en él un máximo de 72 horas, además de las pruebas para la detección de la COVID-19, cuyos resultados determinan “la asignación de un espacio específico habilitado por el Gobierno de Canarias para el aislamiento mientras superan la enfermedad”.
A la vista de las quejas recibidas, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias información complementaria, “ya que no parece que la sustitución de las carpas por las otras instalaciones más sólidas se haya producido”.
Fernández Marugán alude también a “la falta de respuesta” que ha tenido por parte de la Consejería de Sanidad la recomendación que hizo el pasado mes de noviembre a las instituciones canarias y al Ministerio de Migraciones para que establecieran “los cauces de coordinación necesarios, identificando en su caso los recursos residenciales específicos” para hacer efectivo el aislamiento obligatorio de los inmigrantes con PCR positiva.
Según la información que le ha remitido Migraciones, este Ministerio gestiona con las comunidades autónomas la cesión de “espacios para posibles cuarentenas” y ha ofreciendo la colaboración de la Secretaría de Estado del área para la gestión compartida de los mismos.
En la actualidad, se gestionan en Canarias tres de los diez centros de gestión compartida (CGC) que existen en España para la atención humanitaria a personas llegadas en patera que deben permanecer aisladas por ser COVID positivas o contacto estrecho.
A la vista de las quejas recibidas, el Defensor del Pueblo afirma que “no parece que los centros de gestión compartida habilitados en Canarias sean suficientes para dar respuesta al número de personas quienes, tras las 72 horas de detención, deberían pasar de inmediato a los citados recursos en los casos de COVID positivo o contactos estrechos”.
Y agrega que, “en aquellos otros casos en los que no hay impedimentos sanitarios para su traslado, se detectan también significativas carencias en la derivación a recursos de acogida humanitaria o, en su caso, en la puesta a disposición judicial para autorizar su internamiento en CIE”.