La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que el Gobierno presentará su propuesta de reforma legal para establecer un reparto obligatorio de migrantes entre las comunidades autónomas, se celebrará el 18 de julio en Tenerife.
Así lo han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que han precisado que a esa reunión se invitará también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Coincidiendo con la reunión de los consejeros correspondientes de todas las comunidades autónomas, el Ministerio planteará una visita a los centros donde se acoge a los niñas y niños no acompañados que llegan a Canarias para visibilizar 'in situ' la cuestión sobre la que tendrán que debatir.
Torres y Clavijo ya anunciaron el pasado miércoles, tras concluir una primera ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para recabar apoyos para sacar adelante este texto, la celebración de esta sectorial, de la que ahora se concretan fecha y lugar.
Tras el “no rotundo” de Vox a la propuesta y los matices de otros grupos en ciertas materias como la financiación, el Ejecutivo anunció que estudiaría esas aportaciones antes de trasladar la propuesta a las comunidades autónomas en la Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Posteriormente, y una vez el Gobierno cuente con los apoyos necesarios de manera definitiva, espera poder llevarla antes de que acabe julio al Congreso para su aprobación final, bien como proposición de ley o como decreto ley.
Acerca de los matices que han presentado los grupos políticos, Torres aclaró que el texto actual ya hace referencia, en dos ocasiones, a que se adoptarán “las medidas financieras que resulten necesarias”.
Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, celebró que todos los grupos menos Vox se hayan mostrado “perfectamente conscientes y solidarios” con la situación en Canarias y dijo que es “evidente” y “razonable” que las comunidades autónomas quieran conocer la propuesta, una reivindicación que había trasladado ya públicamente el PP, porque son ellas las que después tendrán que aplicar la ley.
El texto sobre el que se trabaja ha sido gestado durante meses entre el Gobierno central y el autonómico de Canarias para dar cumplimiento a un pacto entre PSOE y Coalición Canaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez.
Según han informado ambos ejecutivos a lo largo de estos meses, el texto en el que han trabajado es una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que, cuando los recursos de acogida de una comunidad estén por encima 150 por ciento de su capacidad, se deriven a otras regiones en función de criterios acordados en 2022 en una Conferencia Sectorial, como el PIB o la población.
En el caso de Canarias, se considera que su cupo de acogida es de 2.000 menores y, según su Gobierno autonómico, actualmente hay casi 6.000 menores no acompañados en las islas.