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Opinión - Política sin complejos… y sin escrúpulos. Por Esther Palomera

Los retrasos en la documentación dejan a un paso del desamparo a miles de jóvenes migrantes en Canarias

Imagen de archivo de un menor migrante en Gran Canaria junto a algunos de sus papeles

Natalia G. Vargas

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Que las administraciones no cumplan con su obligación de documentar a los menores migrantes dificulta su integración. Así lo recoge el último informe del Defensor del Pueblo: Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados. Este documento de 197 páginas desvela que solo 793 de los 4.805 jóvenes acogidos en Canarias en diciembre de 2023 recibieron su autorización de residencia. Es decir, el 83% de estos menores no había obtenido este papel clave para evitar el desamparo una vez cumplida la mayoría de edad.

En Las Palmas, de los 2.151 menores registrados, 1.674 no tenían autorización de residencia. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la cifra es aún mayor. De 2.654 jóvenes, 2.338 estaban indocumentados. Según ha publicado el Defensor del Pueblo, la Delegación del Gobierno en Canarias tuvo que actuar de oficio para iniciar 2.569 expedientes. Durante la elaboración del informe, solo nueve se habían tramitado y 2.560 seguían pendientes porque la comunidad autónoma, responsable de los menores solos, no había aportado la documentación requerida.

''Es especialmente preocupante la situación de quienes van a alcanzar los 18 años indocumentados, ya que necesitan apoyo para su transición a la vida adulta y no quedar en situación de calle y en la irregularidad documental'', advierte el estudio. El Defensor del Pueblo lleva detectando una ''falta generalizada'' de documentación de los niños acogidos en Canarias desde la emergencia humanitaria de 2020, que coincidió con la pandemia de coronavirus. Al terminar la crisis sanitaria, esta realidad, lejos de solucionarse, “se ha agravado”.

Según el informe, respecto al incumplimiento de su deber de documentar a los jóvenes, la Consejería de Bienestar Social de Canarias ha aludido a las dificultades que enfrentan para “cumplir los requisitos” exigidos para solicitar la cédula de inscripción. La comunidad autónoma también se ha justificado apuntando a las continuas llegadas de niños y adolescentes a islas no capitalinas como El Hierro o Lanzarote, que “no tienen capacidad para absorber y derivar” con agilidad a los menores que llegan a sus costas.

El Defensor reconoce que determinadas comunidades, como Canarias, por su posición geográfica reciben la mayor parte de las llegadas de migrantes por vías irregulares, poniendo en cuestión el sistema establecido para su protección y contribuyendo a que los menores alcancen la mayoría de edad en situación de ''extrema vulnerabilidad.

Los menores extranjeros no acompañados tienen derecho a la residencia legal desde que pasan a disposición de los servicios de protección. En esta línea, el Defensor del Pueblo recuerda que, al haber sido residentes legales, al alcanzar la mayoría de edad su residencia debería estar documentada. Sin embargo, durante la elaboración del informe, un 44,7% de estos jóvenes no contaba con ningún trámite en este sentido en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía (ADEXTTRA).

Esta cifra evidencia que durante la minoría de edad, los jóvenes no fueron titulares de la autorización de residencia a la que tenían derecho y que, una vez cumplidos los 18, se vieron obligados a permanecer en situación irregular o a abandonar el territorio nacional.

El informe denuncia la precariedad en la que quedan los niños y niñas al alcanzar la mayoría de edad al no tener documentación en vigor y ante la falta de plazas en los recursos de emancipación. Un Real Decreto emitido en 2021 flexibilizó los trámites para que los jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años mantuvieran la residencia regular. A pesar de ello, “no han cesado” las quejas sobre las interpretaciones que hacen las oficinas de extranjería sobre esta norma. “Dificultan su inclusión social y pueden impedir su acceso a derechos sociales”, alerta el documento.

En sus recomendaciones, el Defensor del Pueblo pide a las consejerías responsables que dicten instrucciones a la entidad pública correspondiente de protección a la infancia con el fin de que se solicite sin demora la autorización de residencia de los menores y que facilite a las delegaciones del Gobierno toda la información que se pida sobre cada menor.

Los menores acompañados

El Defensor del Pueblo dedica especial atención a los menores que llegan a Canarias acompañados de su familia. En esta línea, advierte que la irregularidad documental de los adultos conduce a los niños a la invisibilidad, quedando expuestos a una triple vulnerabilidad como menores, migrantes e indocumentados.

''La identificación de todos los menores extranjeros que se encuentran en España en situación irregular constituye una pieza clave para el efectivo ejercicio de sus derechos'', advierte en sus conclusiones.

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