“La mayoría de los prisioneros dijeron que la policía había ido a por ellos porque eran pobres. Fue mi primer paso en la compresión de que las figuras más influyentes que permitían las rutas migratorias del norte de África no eran el principal objetivo de los organismos de seguridad”. Esta es una de las frases demoledoras que la periodista especializada en migraciones Sally Hayden recoge en su libro “Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos” (Capitán Swing, 2023). Esta obra es un riguroso y extenso trabajo de investigación que bucea en las profundidades del modelo de control migratorio europeo para sacar a la superficie sus sombras en forma violaciones de derechos humanos.
Para este trabajo de más de 500 páginas, la también fotógrafa irlandesa se basó en cientos de entrevistas realizadas a personas refugiadas en Libia y a trabajadores de organizaciones humanitarias para desgranar una parte del funcionamiento de los fondos de la Unión Europea (UE) destinados al control migratorio, el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al tiempo que nos interpela como sociedad sobre un modelo que causa sufrimiento y deja miles de muertos en las rutas migratorias hacia suelo europeo. Aunque este libro se centra en el Mediterráneo central, se puede extrapolar a las otras rutas migratorias que conectan África con Europa.
Todo comenzó en 2018 con un mensaje a través de la red social Facebook en el que un refugiado le comunica que está detenido en Libia. Desde su ventana observaba vehículos con cañones antiaéreos. Después, casi en forma de cascada, empezó a recibir testimonios de más refugiados encerrados en otros centros de detención de Libia, donde recibían descargas eléctricas, palizas o donde muchas mujeres eran violadas. En este país, muchos migrantes sufren secuestros por los cuales sus familias pueden pagar hasta 5 mil dólares por su rescate, son forzados a formar parte de lo que se ha conocido como un mercado humano o se convierten en víctimas del fuego cruzado entre las milicias y el ejército libio, una situación recurrente tras el asesinato del Muamar el Gadafi en 2011 y que terminó de convertir Libia en un polvorín. Parte de estos refugiados, habían sido trasladados a tierra firme por la Guardia Costera Libia tras su intento de llegar a Europa por el mar Mediterráneo. Este cuerpo, tal y como relata la periodista en su libro, ha sido entrenado, financiado y equipado por la UE. Además, recientemente se ha publicado una investigación del diario alemán Der Spiegel y del consorcio periodístico Lighthouse Reports que revela que FRONTEX (la agencia europea para el control de fronteras) ha proporcionado a la Guardia Costera Libia las coordenadas de las embarcaciones con migrantes a bordo con el objetivo de que las fuerzas libias se encarguen de su traslado a la costa africana. Las devoluciones a un país considerado peligroso para la vida de las personas constituye la violación del principio de no devolución, enmarcado en el derecho internacional.
Muchos de estas personas proceden de Sudán, Somalia o Eritrea de donde han salido por razones políticas, por la guerra o para huir del servicio militar obligatorio. “La UE es innegable y éticamente en culpable desde el momento en el que nuestra política es responsable de obligar a las personas a regresar”. Además, incide en que muchas de estas personas tendrían el estatus de refugiado y podrían acceder a protección internacional. Hayden cuestiona la narrativa impuesta por la UE, la cual llama únicamente a acabar con el negocio de las mafias. Sin embargo, señala que los traficantes satisfacen las necesidades de las personas que no tienen acceso a rutas legales y seguras para viajar. “Lo que tenemos es una crisis de desigualdad global. Tenemos una situación en la que grandes porciones del planeta no tienen libertad de movimiento. No pueden acceder a visados. No pueden subirse a los aviones”.
Los migrantes retenidos en Libia malviven en centros cuya gestión recae en muchos caso en ACNUR y otros organismos locales subfinanciados por este último. El papel de esta agencia de la ONU, junto a la OIM (Hayden especifica que Médicos sin Fronteras se mantiene fuera de este sistema) queda a lo largo del libro en entredicho. Hayden asegura que algunos miembros del equipo de la ONU le expresaron que sentían que estaban siendo “utilizados” para “blanquear” los efectos de la política antimigratoria de la Unión Europea. La periodista señala que cuando ha preguntado a diferentes políticos de la UE sobre las interceptaciones en alta mar, estos le han respondido que están al corriente de lo que sucede en Libia pero que no apoyan lo que ocurre en sus centros de detención y que están tratando de mejorar las condiciones mediante la financiación de la ONU: “Quedó rápidamente claro que la misma parte del dinero que se destina a África, estaba financiando a la Guardia Costera de Libia para hacer las interceptaciones de las personas y también financia a la ONU, para que luego mejore las condiciones dentro de los centros de detención”. Hayden apunta a que el personal de este organismo no podía hacer declaraciones públicas sobre la realidad de la política migratoria europea porque debían salvaguardar su financiación: “Cuando están distribuyendo mantas en un centro de detención, por ejemplo, dicen que muchas gracias a la UE por financiar esta distribución, pero no dirán que todas estas personas están aquí como resultado directo de la política migratoria de la Unión Europea”.
Esta maquinaría de la externalización de fronteras se sufraga con los Fondos Fiduciarios para África. En teoría, se trata de un programa dirigido a 26 países africanos para abordar las causas de la migración irregular y contribuir a una mejor gestión. Para controlar la ruta migratoria canaria también se despliegan estos fondos. Mauritania recibió este mes la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von del Leyen, quienes anunciaron el pago 500 millones de euros para el control migratorio. Marruecos y Senegal también son países beneficiarios. Al ser designado como gasto de emergencia, Hayden subraya que es complicado rastrear el dinero. Por ello, puntualiza que aunque su libro se centre en el Mediterráneo central, este trabajo tiene una mirada mucho más amplia porque se focaliza en cómo Europa está tratando sus fronteras y cómo se gasta el dinero en sistemas que oprimen aún más a la gente.
Además, la reactivación constante de las rutas migratorias demuestra, para Hayden, que la “disuasión no funciona”. Ejemplifica el caso de la ruta atlántica, una de las más peligrosas del mundo, donde los migrantes recorren más de 1000 km y donde pueden pasar semanas en alta mar sin comida ni bebida y que desde 2020 permanece activa. Hayden cuenta que algunos migrantes que han optado por esta ruta lo han hecho porque tienen constancia de que el trayecto por Libia es muy peligroso: “Creo que lo que estamos viendo entre la ruta del Mediterráneo central y la ruta del Atlántico es como un globo en el que aprietas una parte y la otra se expande”, expresa.
Las evidencias de las torturas y muertes producidas en la ruta migratoria del Mediterráneo central llevaron a los abogados Omer Shatz y al francoespañol Juan Branco a presentar un escrito ante el Tribunal Penal Internacional en el que pedían que la UE fuera acusada de crímenes contra la humanidad. Hayden relata en su libro que Branco le informó de que los migrantes debían ser clasificados como un grupo perseguido ante la legislación criminal internacional. Argumentaba, para ello, que si la vida de los turistas estaba en riesgo en el mar, serían rescatados, pero si se trata de inmigrantes, no sucede lo mismo. Hayden sostiene, en este sentido, que el uso de las palabras migrantes y refugiados ha provocado un distanciamiento y una deshumanización hacia las personas que desean viajar: “La muerte de un humano es una muerte de un humano y la muerte de decenas de miles es la muerte de decenas de miles de humanos” remarca.