El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confía en que se pueda retomar “pronto” las negociaciones con el Partido Popular sobre la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita una acogida reglada de los menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional.
Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en Bruselas, donde se reúne este miércoles con la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y con el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, antes de asistir al debate sobre los 30 años del Comité Europeo de las Regiones, en el que también intervendrán varios presidentes autonómicos.
Torres ha recordado que el Gobierno ya remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tal y como se acordó en la Comisión Interministerial celebrada el pasado 29 de octubre, lo que da cumplimiento a la última condición que planteó el PP, al que ha invitado a fijar una fecha para reabrir las conversaciones.
El objetivo del Gobierno es alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre esta modificación legislativa, en la que se lleva trabajando desde el comienzo de la presente legislatura con el Gobierno de Canarias.
“Espero que podamos volver pronto a la negociación para que esos menores puedan ser reubicados con el apoyo de las comunidades autónomas, muchas de ellas presididas por el PP”, ha apostillado el ministro.
Cronología de una reforma que no llega
El Gobierno de Canarias, del que forma parte el PP, estuvo meses preparando un documento con una propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Dicha propuesta consiste en cambiar la voluntariedad del reparto de los menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas y hacerlo obligatorio cuando aquella región a la que estos niños y adolescentes llegan tenga los recursos ocupados por encima del 150% de su capacidad. Es decir, que los menores que lleguen a una región con sus centros llenos, puedan ser trasladados a otra comunidad autónoma que tenga sus recursos de acogida disponibles sin que esto dependa de la solidaridad del gobierno autonómico de turno. Este cambio viene dado porque el sistema basado en la solidaridad ha demostrado hasta ahora ser un fracaso, ya que las comunidades no suelen aceptar la llegada de estos menores y cuando lo hacen es en un número tan bajo que no supone un alivio para los centros de acogida de Canarias.
Después de presentar el documento en el Parlamento de Canarias, todos los partidos, incluido el PP (excepto Vox), respaldaron dicha propuesta, y esta fue enviada entonces al Gobierno central, que también la respaldó. Hubo un encuentro entre Clavijo y el ministro Torres con los grupos parlamentarios para explicarles en qué consistía esa propuesta [a esta reunión que no acudió el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, para no exponerse a una reforma, que después su propio partido tumbó en el Congreso de los Diputados] El PP, junto a Vox y Junts, votó en contra de iniciar siquiera el trámite parlamentario, en cuyo recorrido habría sido posible admitir enmiendas de todos los grupos.
El PP nacional rechazó esta posibilidad, pese a que el PP de Canarias lo había respaldado, con el argumento de que no se había negociado con ellos, algo que fue desmentido por el portavoz del Gobierno canario, que aseguró que el PP había participado activamente en la elaboración del texto. El PP expuso entonces varias condiciones sobre la mesa. El Gobierno central aclaró que algunas ya estaban incluidas en el propio texto y que las otras podían haberse tramitado como enmiendas, si el PP hubiera votado que sí en el Congreso.
Se cerraba así, en pleno mes de julio, la puerta a la posibilidad de aliviar los centros de acogida de menores en las Islas de cara a un verano que ya se preveía complicado en cuanto al número de llegadas.
Tras dos encuentros discretos durante el mes de agosto, finalmente el PP nacional, el Gobierno central y Clavijo volvieron a sentarse. Al PP le duró dos encuentros las ganas de seguir hacia adelante con reforma, para volver a desbancarse de ella. La razón: el Estado había rechazado ayuda de la Unión Europea para trasladar migrantes a otros países miembros. Esto fue desmentido categóricamente por el Gobierno, que retó al PP a explicar qué plazas, cuándo y dónde habían sido ofrecidas a España.
Poco después de ese desencuentro, llegó el pleno en el Congreso de los Diputados dedicado a la inmigración, una oportunidad para acercar posturas en busca de un pacto de Estado y la ansiada reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó el 90% del tiempo de su intervención a hablar de ETA, lo que le valió incluso una amonestación de la presidenta de la Cámara, que tuvo que recordarle el reglamento según el cual debe ceñirse al tema que se discute ese día, la inmigración.
Después de ese sonado pleno, Fernando Clavijo realizó la primera crítica abierta a su socio de Gobierno (hasta entonces las críticas de Coalición Canaria iban solo dirigidas al Gobierno central, pese a su apoyo al texto), de quien dijo no entender por qué había roto la negociación ni su polémica intervención en el Congreso.
Tras varias llamadas por parte de Torres a retomar la negociación, el PP ha puesto sobre la mesa una última condición: que España pida ayuda a Frontex y trabajar en el restablecimiento del sistema de reparto de menores por la Unión Europea. Es decir, que en lugar de tramitar en el Congreso que sean las comunidades autónomas quienes contribuyan a aliviar la situación de Canarias sean los países europeos quienes lo hagan, todo ello en un contexto en el que la ultraderecha y su discurso en contra de las personas migrantes avanza por el continente y cuyo máximo exponente es Giorgia Meloni y su política de deportaciones sin garantías a campamento ubicados en terceros países, como Albania.