Torres, sobre los menores que piden asilo: “La tutela no está en debate, es de las comunidades autónomas”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, señaló que la tutela de los menores que solicitan asilo o del resto de los menores “no está en debate”, es de las comunidades autónomas.

“La tutela no está en debate. La tutela para el Gobierno de España de los menores que solicitan derecho internacional o el resto de los menores es de las comunidades autónomas, y nos basamos en que así se ha manifestado la Fiscalía de Menores de Canarias, el Tribunal Supremo (TS) de Justicia de Canarias, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Y el auto del TS no afirma en ningún caso, ni en ningún lugar, que la tutela pase al Gobierno de España. Lo que dice es que los menores tienen que estar en el Sistema Nacional de Acogida, que es otra cosa”, apuntilló.

De este modo se refería Torres, en declaraciones a los periodistas en Las Palmas de Gran Canaria, al ser cuestionado si el Gobierno central asumía la tutela de los menores solicitantes de asilo tras responder al TS, al concluir el plazo de 10 días que daba al Estado para hacerse cargo de los más de 1.000 menores llegados a Canarias que habían solicitado asilo.

Torres subraya, de todas formas, que los menores que tienen derecho asilo a través de un auto del Tribunal Supremo “se basa en el hacinamiento que tiene Canarias” y además se expone que se tiene que hacer en “cooperación y en colaboración” con el Gobierno de Canarias.

Añadió que se ha respondido al Tribunal Supremo, se han producido reuniones con el Gobierno de Canarias, con Presidencia y también con los responsables técnicos y el auto “es claro” en cuanto a que hay que hacerlo en cooperación y colaboración, así como que se trata de una medida “cautelar por el hacinamiento de Canarias, no entra a hablar de la tutela y, en ningún caso, tampoco dice que los menores tengan que salir o que quedarse” en el archipiélago.

Por ello, insistió en que hay que hacerlo “caso a caso”, cuestión que afirmó comparte el Gobierno de Canarias, ya que se trata de menores que algunos de ellos “llevan años” en el archipiélago, escolarizados, con “su núcleo familiar, sus amigos” o incluso “muchos de ellos están en actividades extraescolares”, si bien matizó que el auto del Supremo lo van a cumplir.

Por otro lado, sobre si el Estado va a poner recursos dentro de su sistema de protección internacional para estos menores, aseguró que “indudablemente”, de acuerdo con lo acordado con el Gobierno de Canarias y el número determinado, las personas que no se queden en el archipiélago, el “Estado buscará los mecanismos a través del Sistema Nacional u otros para que estén, o estando en el Sistema Nacional, estén en la red del Estado.

“Hito hostórico”

En cuanto a la aprobación de la convalidación del Real Decreto-Ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados, expuso que “da una respuesta a los menores inmigrantes no acompañados” y supone “un hito histórico”, ya que se trata de una “reivindicación de 30 años por parte de los territorios fronteras” como Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía, Baleares o Murcia.

Así aprovechó para agradecer el apoyo de los nueve grupos políticos que votaron con su sí, así como la abstención de un UPN, mientras que lamentó el no de PP y Vox. En concreto, dijo lamentar “profundamente” el no del Partido Popular, ya que gobiernan en la mayoría de las comunidades, así como preside Ceuta y Melilla y forman parte del Gobierno de Canarias, por lo que lo consideró de “absolutamente incoherente”.

Con la convalidación del Decreto-ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, cuando un menor llega a “cualquier lugar de España, llega al conjunto de España”, por lo que a partir de ahora “todos” los territorios tiene “ya la obligación y, también está por ley, de responder solidariamente a esa realidad”.

Para Torres se pueden “buscar ataques, críticas, subterfugios, vericuetos”, sin embargo apuntilló que “la política se decide votando”.

Rercusos en el Constitucional

Respecto a la posibilidad de que el PP y las comunidades autónomas donde gobiernan recurran al Tribunal Constitucional (TC) para paralizar el Decreto-ley aprobado, cuestionó qué alternativa da el Partido Popular, para contestar si tiene que ver con que “los menores se queden en Canarias, que se queden en Ceuta, que se queden en Melilla, es justo que haya territorios con 2 millones de habitantes como Canarias que tienen 6.000 menores, eso sí es saturación”.

De todas formas, apuntó que con la norma convalidada, “no decae por parte del Congreso de los Diputados y tiene todo el peso de su cumplimiento”, por lo que una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado hay que “cumplirla”, también las comunidades autónomas que “están en contra”.

A ello, agregó, que el 28 de abril, como ha anunciado la ministra de Infancia, Sira Rego, se va a celebrar una conferecnia sectorial, para tener los criterios de distribución y lógicamente empezar, en coordinación con los gobiernos de Ceuta, Melilla y Canarias, ese reparto de menores donde haya contingencia migratoria porque se necesitan “unos tiempos para tener todos los papeles de esos niños pues en perfecto estado”.

Avisa de que si hay comunidades que incumplen la ley no aportando sus datos o ante un requerimiento no aclara lo que realmente está en el Boletín Oficial, admitió que el Gobierno central tendrá que actuar acorde a lo que el procedimiento administrativo, jurídico y judicial establece, aunque dijo que espera que “eso no sea así”.

En cuanto a las posibles respuestas del Gobierno central si se produce un incumplimiento por parte de alguna autonomía, matizó que existen hay procedimientos administrativos, otros de índole superior, incluso de posibles responsabilidades penales si se incumple una ley que ya ha sido también convalidada por el Congreso de los Diputados.

“Espero que no lleguemos ahí, ha habido mucho debate político, he escuchado también a presidentes autonómicos decir que no van a incumplir la ley, están en su derecho de asilo, estiman decir al Tribunal Constitucional pero si el Tribunal Constitucional no paraliza la aplicación del Real Decreto-ley ya convalidado, no queda otra que cumplir la ley y estoy convencido que lo van a hacer”, concluyó.