El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, a propuesta del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por el que se declara de emergencia la tramitación para la destrucción, carga y transporte de embarcaciones de inmigrantes y la gestión de los residuos generados en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, por un importe de 797.016,07 euros.
Desde el comienzo del repunte migratorio, en el puerto herreño se han acumulado decenas de embarcaciones de este tipo, siendo las de fibra de carbono las de más difícil destrucción, por la contaminación que generarían, frente a las tradicionales de madera.
El Gobierno ha informado este martes de que actúa excepcionalmente mediante el procedimiento de emergencia cuando debe hacerse de manera inmediata, porque la situación lo requiere y conforme con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, de esta declaración de emergencia debe tener conocimiento el Consejo de Ministros.
Colapso del puerto por el aumento de embarcaciones
Durante 2023, añade el Ejecutivo, se ha producido un aumento considerable del número de embarcaciones que han llegado de forma irregular al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, lo que ha provocado “el colapso de los medios materiales existentes para su retirada y destrucción, llegando en la actualidad a ocupar un gran espacio del puerto de La Restinga, lo que requiere adoptar medidas para solucionar dicha situación”.
Por otro lado, la diversidad de materiales que conforman estas embarcaciones, fundamentalmente de fibra de vidrio, requiere de la adopción de distintos procesos de recogida y transporte por parte del centro gestor autorizado de residuos.
Añade el Gobierno que se ha apreciado también la existencia de un “grave peligro para la entrada y salida del puerto, dado que la acumulación de las embarcaciones está obstaculizando gravemente el tránsito de los barcos, impidiendo el normal desarrollo de su actividad y funciones”.
Por todo ello, se ha declarado la emergencia de la tramitación del presente encargo por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que hoy ha traslado al Consejo de Ministros.