BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aclarado que la impugnación de la Abogacía del Estado no se ha realizado a los partidos que integran Bildu, sino a las candidaturas que, según los informes presentados, constituyen “una carcasa puramente instrumental” para que “esa representación de Batasuna que se encontraría sin instrumento, sin partido político” pueda concurrir a las próximas elecciones.
A su juicio, existen pruebas que permitirán “la impugnación directa de todas y cada una de ellas” porque demuestran que el conjunto de las listas “están al servicio de una estrategia global
En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Caamaño ha afirmado que el Tribunal Supremo debe adoptar “una decisión de Derecho” en un asunto que “es complejo y presenta perfiles novedosos”. “Como otras tantas veces, tendrá que adoptar, finalmente, su decisión aplicando la ley y a la vista de las pruebas que existen en el proceso”, ha dicho.
El ministro a diferenciado el caso de Sortu del de Bildu, porque son “debates distintos”. “En el primero existía un elemento de inscripción de un partido político y un debate acerca de la influencia que podía tener el hecho de que en los estatutos figurase una cláusula expresa de abandono de la violencia”, ha señalado.
Sin embargo, en el caso de la coalición, “el elemento de debate está mucho más vinculado a la realidad del material probatorio que se aporta”. Ha afirmado que, “no se trata de determinar si los partidos que forman la coalición son ilegales, cuestión que no es discutida en ningún momento”.
En su opinión, el Tribunal Supremo deberá decidir “exclusivamente si las candidaturas están contaminadas por el hecho de incorporar, esas candidaturas formadas por dos partidos, más un conjunto de independientes”.
Para Caamaño, “si se puede acreditar”, estos independientes “tienen una procedencia vinculada al mundo de Batasuna, por tanto, una derivada de Batasuna que hace que contamine, no a los partidos, sino a las candidaturas que se presentan a unas concretas elecciones”.
Ello es “posible” porque la candidatura se puede presentar “y así lo acreditan los informes de la Policía y al Guardia Civil”, como “una carcasa puramente instrumental, como un consentimiento para que esa representación de Batasuna que se encontraría sin instrumento, partido político para poder estar”. De esta forma, a su juicio, utilizarían “la vía de la candidatura” para tener presencia en los órganos de gobierno“.
“Es evidente que Batasuna es un partido ilegal, y la expresión Batasuna es, como tal, ilegal. Por lo tanto, la utilización instrumental de candidaturas para conseguir ese objetivo de, sin partido, poder estar en unas elecciones a través de los cauces de la vía electoral, es lo que intenta impedir la LOREG”, ha puntualizado.
Caamaño ha agregado que es sobre esto “de lo que han informado Policía y Guardia Civil” y lo que hace pensar a la Abogacía del Estado que “existen elementos suficientes para ser acreditados ante un juez”.
El responsable de Justicia la resolución de la impugnación no tiene por qué ser “más dificultosa” que la decisión judicial sobre la inscripción de Sortu como partido, sino sólo “distinta”, por lo que plantea un “debate jurídico” diferente y las “norma a aplicar” también son otras.
Por otra parte, se ha mostrado convencido de que “de la misma manera que la ley electoral permite anulara agrupaciones electorales porque sean una expresión de un partido declarado ilegal o que incorporen, de manera clara, elementos de un partido ilegal” también permite “hacer lo mismo cuando se trata de candidaturas de una coalición”.
“Sólo estamos -ha insistido- en el territorio de la impugnación de candidaturas que, a juicio de la Abogacía del Estado y a la vista de las pruebas que se aportan, permite acreditar que este conjunto de candidaturas están al servicio de una estrategia global y, por lo tanto, (se acomete) la impugnación global directa de todas y cada una de ellas”.
PRESIONES DEL PP
Caamaño ha negado que las actuaciones contra Bildu se hayan emprendido para dar respuestas a las 'presiones' del PP y ha defendido la actitud “prudente” del Gobierno que “mientras no ha tenido ningún tipo de pruebas y evidencias aportadas por los CFSE no se ha pronunciado acerca de si iba a mantener o no esa impugnación y lo ha hecho a la vista de ese material probatorio y de los informes jurídicos”.
“Lo que no ha hecho el Gobierno, en ningún momento, es intentar predeterminar posiciones judiciales. Creo que en esto es evidente que la posición del Gobierno no ha sido la misma que la del PP; al Gobierno le ha preocupado siempre hacer valer la ley pero también garantizar la independencia de los jueces para que no se interfiera en ella a través del debate público y los derechos fundamentales de todos”, ha concluido.