Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades autónomas con mayor número de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de este domingo que están imputados en casos de corrupción, prevaricación urbanística, cohecho o tráfico de influencias.
En el conjunto del territorio nacional, más de un centenar de aspirantes, incluido un presidente autonómico, el valenciano Francisco Camps, están relacionados con causas judiciales de este tipo. Los dos grandes partidos acumulan más del 80% de los nombres con causas pendientes con la justicia, mientras que el resto pertenecen a IU, CiU y pequeños partidos.
Aunque no es la comunidad con mayor número de imputados en las listas de los partidos para los comicios de mayo -algo más de una decena-, el caso de la Comunidad Valenciana es de los más conocidos por las ramificaciones que ha tenido en la política nacional. El denominado caso Gürtel afecta a desde el presidente Camps, candidato a la reelección, hasta diputados regionales.
Camps está imputado por un presunto delito de cohecho impropio por recibir trajes de la trama. Detrás de él, en las listas al Parlamento valenciano aparecen varios implicados, ya que no todos están imputados: Milagrosa Martínez, actual presidenta de la Cámara y número tres en las listas; Vicente Rambla, número cuatro; Ricardo Costa, número siete; David Serra, número diez y Yolanda García, número 19.
En la Comunidad Valenciana también se ha producido el llamado caso Brugal, en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras. Aquí figura imputado el número dos en la lista a la Alcaldía de Alicante y presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, mientras que la candidata a alcaldesa, Sonia Castedo, y Luis Díaz Alperi, número cuatro en la lista al Parlamento valenciano, están implicados.
El caso de Andalucía
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de imputados -más de 30-, siendo Málaga la provincia más afectada por casos de corrupción, con hasta 15, 11 de ellos del PSOE, tres del PP y uno de IU. El caso de Alhaurín el Grande es quizá el más significativo, con su alcalde, Juan Martín Serón (PP), imputado por cobrar a cambio de conceder licencias urbanísticas, si bien también está acusado el concejal socialista Cristóbal Bonilla.
A Málaga le siguen Sevilla, Granada y Almería, con unos 15 imputados en total. La primera destaca sobre todo por el llamado caso Mercasevilla por las presuntas irregularidades en la venta de suelo de la empresa pública, en el que están imputados el ex responsable de Empleo del Ayuntamiento Antonio Rivas y el ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, ambos del PSOE. Hace unas semanas se conoció también la imputación de los miembros de IU Antonio Rodrigo Torrijos, teniente de alcalde de Sevilla, Josefa Medrano y Carlos Vázquez.
En Granada está imputado, entre otros, el alcalde de la capital de provincia, Francisco Cuenca, por un posible delito de cohecho en una causa de una supuesta compra de votos en la que también están imputados el alcalde y candidato del PP en Güejar Sierra, José Antonio Robles, así como las diputadas y candidatas 'populares' María Victoria Molina y Teresa Fernández del Moral.
Unos 20 imputados en Canarias
Por número de imputados, Canarias se sitúa en segundo lugar, con alrededor de 20, y aquí afecta tanto a PP y PSOE como a otros partidos regionales como Coalición Canaria (CC), Nueva Canarias o Partido Progresista Majorero, que llevan imputados en sus listas para las elecciones de mayo -entre ellos el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo-, unos comicios en los que el Archipiélago renovará municipios, cabildos y Parlamento autonómico.
Otra comunidad muy afectada por la inclusión de imputados en las listas electorales es Galicia, con alrededor de una decena. Aquí están implicados en casos de corrupción miembros de los tres partidos con representación en el Parlamento regional. En La Coruña, tres alcaldes imputados por la llamada 'Operación Orquesta' de adjudicaciones irregulares en la Costa da Morte optan a la reelección en los municipios de Fisterra, Mazaricos (ambos del PP) y Cee (independiente).
Dos alcaldes más de las filas 'populares' que optan a la reelección están imputados por delitos de prevaricación, mientras que en Muxía (La Coruña), Castro de Rei (Lugo), y O Grove y Caldas de Reis (Pontevedra) se dan casos de regidores o concejales socialistas imputados por supuestas concesiones o subvenciones irregulares. El BNG también lleva en sus listas al alcalde de Arzúa (La Coruña), condenado a seis meses de inhabilitación por no ejecutar un derribo de un edificio.
En el PSOE de Murcia no hay ningún candidato para las elecciones de mayo implicado en ninguna causa, pero el PP cuenta con varios imputados en sus listas, entre ellos un equipo de Gobierno al completo, el del municipio de Abarán, por supuestos delitos de prevaricación.
Sólo uno en Baleares
Es llamativo el caso de las Islas Baleares, donde hace unos años se abrieron multitud de causas judiciales, si bien ninguno de los implicados está incluido en las listas para los comicios de este año. De este modo, sólo hay un candidato imputado, en esta ocasión el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, del PSOE, por presunto cobro de comisiones por la adjudicación de un proyecto urbanístico.
En la Comunidad de Madrid no hay imputados de ningún partido que se presenten en las listas a la Asamblea regional, ya que la 'número dos' del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán, finalmente no concurrirá a las elecciones por estar inhabilitada por prevaricación.
En cambio, en las candidaturas municipales hay varios imputados. En Pinto figuran tanto la ex alcaldesa y candidata del PP, Miriam Rabaneda, como el candidato de Juntos por Pinto (JpP), Reyes Maestre. En el PP también figuran los candidatos en Alcobendas y Coslada (este último por prevaricación y malversación en el caso del 'sheriff' Ginés Jiménez), mientras que en el PSOE destaca una concejala de Getafe. El candidato a la Alcaldía de Ciempozuelos por el CPCI (Ciudadanos por Ciempozuelos) está imputado por presunto cobro de comisiones.
Excepciones
En el resto de comunidades autónomas -salvo Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja, donde no hay imputados por este tipo de delitos- ambos partidos también llevan algún imputado en sus listas para las elecciones de mayo. Uno de los casos más llamativos era el del municipio cántabro de Castro Urdiales, donde el alcalde, Fernando Muguruza, y el concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, estaban imputados. Para las elecciones del domingo iban a concurrir juntos en un nuevo partido, Alternativa Castreña Independiente (ACAI), pero la Junta Electoral les ha impedido presentarse al haber sido inhabilitados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander.
En Castilla y León destacan los casos de los alcaldes de los municipios de Villanueva de Gómez y de Las Navas del Marqués, ambos en Ávila, mientras que en Castilla-La Mancha el 'número cuatro' de la lista del PP por la provincia de Cuenca para las elecciones autonómicas está imputado por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental.
En Extremadura, destacan al menos tres imputados que optan a la reelección, todos ellos del PSOE, en Plasencia, Moraleja (Cáceres) y Alburquerque (Badajoz). Y en Melilla, Dionisio Muñoz es el candidato socialista a la Presidencia de la ciudad autónoma a pesar de estar imputado por presuntos delitos electoral, de falsedad documental y obstrucción a la justicia.