El Consejo General del Poder Judicial hizo pública este martes una declaración institucional en la que reclama el “cese inmediato de cualesquiera campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan hostigar y deslegitimar a los jueces y magistrados que administran Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca”.
Según informó el portavoz del CGPJ, Enrique López, la declaración fue aprobada, por unanimidad, por la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, “con pleno respeto al ejercicio legítimo, aunque no absolutamente ilimitado, de derechos constitucionales esenciales para la democracia como son el de expresión y manifestación”.
La declaración se produce un día después de la celebración en Bilbao de una manifestación de apoyo al lehendakari Juan José Ibarretxe ante su declaración este martes como imputado en el Tribunal Superior de Justicia vasco por haberse reunido con Batasuna.
En el texto aprobado se afirma que la manifestación “tenía como objeto obtener una determinada decisión jurisdiccional (el sobreseimiento de un procedimiento) a través de la presión política y al margen de los cauces legales”.
La declaración institucional indica que “la sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político, en identidad de situación a cualquier ciudadano, en modo alguno puede ser percibido como una agresión externa e ilegítima, sino bien al contrario, como la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley”.
También argumenta que “los Juzgados y Tribunales instaurados por la Constitución de 1978 actúan única y exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada por tanto en sus decisiones a razones políticas o de otra naturaleza”.
Añade que “los posibles errores en los que pudieran incurrir esos mismos Tribunales deben ser enmendados, como en cualquier otra democracia constitucional, a través del sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad de quienes las dicten, pero nunca mediante presiones o campañas de acoso”.
Además, señala que “la Justicia, administrada por Jueces y Magistrados independientes y sometidos en exclusiva al imperio de la Ley (...) es la clave de la efectividad del Estado de Derecho” e indica que “no existe otra garantía final, distinta o mejor a la Justicia, que asegure que los ciudadanos y los Poderes Públicos actúan respetando las normas aprobadas democráticamente por todos”.
“La Justicia, al aplicar de modo objetivo, imparcial y firme las leyes aprobadas por los ciudadanos, es una institución al servicio de todos ellos y jamás puede ser vista, por tanto, como ajena o extraña a aquellos a los que sirve y menos aún puede ser enfrentada con otras instituciones pretendidamente más propias”, añade.
La declaración del Consejo se refiere a “la especial situación en la que ha sido ejercida la jurisdicción en el País Vasco en estas últimas décadas”, de “acoso y de peligro físico real que incluso en ocasiones se ha materializado en atentados contra la vida de jueces”.
Esa realidad, según el Consejo, “debiera demandar un apoyo institucional constante a los jueces y magistrados que prestan sus servicios en el País Vasco y esta misma situación hace especialmente rechazables los actos que puedan agravarla”.
“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino que es una garantía ciudadana”, concluye la declaración.