El ChinoAsí lo manifestó Ahmidan en la quinta jornada del juicio por el 11-M, en la que también declararon los acusados Rachid Aglif, El Conejo y Abdelilah El Fadual -supuestos colaboradores de El Chino-, Saed El Harrak, presunto miembro de la célula que perpetró la masacre, y Mohamed Larbi Ben Sellam, acusado de colaborar en la huida de uno de los supuestos responsables de los atentados.
Ahmidan, para quien el fiscal, al que se negó a contestar, pide 23 años y medio de cárcel, explicó que comenzó a trabajar en la finca a partir del 10 de febrero y que, aunque vio un agujero en el suelo (el supuesto zulo en el que se guardaba los explosivos), no preguntó para que servía. Tras negar haber visto armas o explosivos, Ahmidan admitió que en una ocasión vio a su primo, presunto líder de la célula operativa que perpetró los atentados, y a otras personas que normalmente vivían en la finca -Abdennabi Kounjaa, Rachid Oulad Akcha y Rifat Anouar, todos ellos muertos en Leganés- manipulando en la cocina un aparato con cables, pero que no vio que era, porque al verle “dejaron de trabajar con ello” y él cogió agua y se fue.
También negó haber visto planchas de porexpan, con las que el pasado martes, uno de los acusados, Otman El Gnaoui, dijo que recubrió el agujero, situado bajo el cobertizo, para que las gallinas se refrescaran. El porexpan contiene, entre sus componentes, dinitrotolueno (DNT), elemento que apareció en el análisis de los restos de explosivos hallados en los distintos escenarios del 11-M, según indicaron en su día fuentes de la investigación.
Trapicheos con droga
Por su parte, el supuesto lugarteniente del Chino, Rachid Aglif negó haber intervenido en el intercambio de hachís por los explosivos empleados en el 11-M, aunque admitió haber participado en una reunión con los principales acusados en la trama asturiana de los explosivos. Aglif, que se enfrenta a una petición del fiscal de 21 años de cárcel, explicó que en la reunión celebrada el 28 de octubre de 2003 sólo se trató de la venta de hachís, aunque negó que los asturianos -el ex minero José Emilio Suárez Trashorras y su mujer Carmen Toro-, así como el ex confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier, también allí presente, le ofrecieran explosivos a cambio de la droga.
En cuanto a su relación con El Chino, Aglif, detenido el 6 de abril de 2004, admitió que tenía confianza con él, pero no porque traficara con drogas con él, sino porque era “buen cliente” de la carnicería de sus padres -aunque admitió haber “trapicheado” con el acusado Rafá Zouhier, del que dijo que ha vertido “40.000 barbaridades” sobre él- y por eso, dijo, “nos llamábamos” mucho. Aglif, que al final de su interrogatorio no pudo reprimir unas lágrimas al hablar de la enfermedad de su padre, condenó los atentados y dijo: “la barbaridad que ha hecho esta gente no tiene perdón ni en el cielo”.
Abdelilah El Fadual, para quien la fiscal pide doce años de cárcel, reconoció que compró a El Chino un coche de la marca Volkswagen Golf a principios de marzo de 2004, pero aseguró que desconocía que hubiera sido utilizado para el traslado de los explosivos desde Asturias a Madrid. Según su confuso y atropellado relato en castellano, él le cambió a El Chino su Golf -según la fiscal, se hallaron restos de explosivos en la alfombrilla del maletero de este vehículo- por un BMW que tenía y recordó que lo recogió el 1 de marzo de la finca de Chinchón donde supuestamente se montaron las bombas que se colocaron en los trenes.
El tercer acusado que declaró este miércoles, Saed El Harrak -para quien la fiscal pide doce años de cárcel-, admitió por primera vez que conocía a Mohamed Oulad Akcha y que no lo había dicho antes “porque tenía miedo de que me llevaran a la cárcel”. El Harrak, que se encuentra en libertad provisional debido a un error al fijar la fecha en la que debía prorrogarse su prisión preventiva, está acusado de mantener un contacto telefónico muy intenso con Abdenabbi Kounjaa y los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Akcha (muertos en Leganés).
El siguiente en declarar fue Mohamed Larbi Ben Sellam, que se enfrenta a una petición de 27 años de cárcel y está acusado de colaborar en la huida de uno de los supuestos responsables del 11-M, Mohamed Afalah y de un delito de inducción al suicidio por enviar a Irak “mujahidines” dispuestos al martirio, entre otros. Larbi Ben Sellam, que este jueves será juzgado en la Audiencia Nacional en relación con la operación Nova por un delito de integración en banda terrorista en grado de dirigente, negó haber facilitado a Afalah la documentación necesaria para viajar a Bélgica, país desde el que se cree se trasladó a Irak, donde habría muerto en un atentado suicida en mayo de 2005.