La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha afirmado que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE al Gobierno “no le queda más opción que cambiar la ley” y ha abogado por “la paralización de todos los procedimientos -de desahucio- que están en curso”.
Colau, ha asegurado en una rueda de prensa convocada frente al Congreso de los Diputados, que “la ciudadanía ha tenido demasiada paciencia” y ha instado al Ejecutivo “a rectificar aunque sea tarde”, ya que, en su opinión, si no lo hace “va a desencadenar una situación de conflictividad social totalmente ingestionable”.
Asimismo, ha señalado que se están planteando “reclamar acciones jurídicas al Gobierno” por la situación que han sufrido las “personas afectadas” de “inseguridad jurídica profunda”.
La activista contra los desahucios ha reiterado que la legislación hipotecaria española es “una anomalía” en Europa porque, según ha comentado, “solo en Bulgaria hay una situación de indefensión como en España”.
“Hoy estamos muy satisfechos porque se ha dado un espaldarazo importante a lo que venimos reclamando desde hace cuatro años en los que se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias”, ha dicho Colau.
Además, ha apuntado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que actualmente está en trámite de enmiendas en el Congreso y que “está avalada por casi un millón y medio de firmas” plantea medidas que “no pueden esperar más” y que, en su opinión, podrían solventar la “situación de colapso en los tribunales” que, a su juicio, se puede producir al paralizarse las desahucios.
También ha subrayado que la decisión del Tribunal de Justicia de la UE “sí es vinculante” y que “está por encima de cualquier normativa interna por lo que los jueces tendrán que seguirlo”.
Por su parte, el abogado de la PAH Rafael Mayoral ha asegurado que los jueces “siempre tuvieron poder” para paralizar las ejecuciones hipotecarias y les ha instado a tener en cuenta lo que ha resuelto el Tribunal de Justicia de la UE.
“Lógicamente tienen que empezar a tomar decisiones en las que se protejan los derechos de los deudores”, ha asegurado.
Mayoral también ha destacado que esta sentencia “quiebra el discurso que planteaba que la ILP no puede ser retroactiva”, ya que en su opinión, esta resolución “es plenamente razonable” porque ha puesto en cuestión el procedimiento por “violación de un derecho fundamental”.
“Es un varapalo para lo que ha estado acordando el Tribunal Constitucional que había avalado este procedimiento. Les han enmendado la plana”, ha concluido