MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La defensa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado este lunes un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo instando al magistrado Luciano Varela -que instruye la querella contra el juez por presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo-, a resolver las peticiones de prueba que realizó esta parte el pasado 10 de febrero.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, realiza esta petición tras la callada por respuesta por parte de Varela al escrito que esta parte presentó en el mismo sentido el pasado día 22.
La razón es que el magistrado instructor de la causa abierta a Garzón por el asunto de las fosas del franquismo ha acordado tramitar el recurso de apelación presentado por Garzón contra el auto en el que se ratifican los indicios de delito contra él, si bien en la providencia que se dictó para validar este trámite se omite cualquier disposición sobre las pruebas solicitadas.
A juicio de Martínez-Fresneda, Varela está vulnerando lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento criminal, “toda vez que la solicitud de nuevas diligencias es independiente del recurso de apelación”.
PRUEBAS.
Entre las pruebas solicitadas por Garzón, a cuya práctica se oponen los querellantes (Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española y de las JONS) están la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declarar a Garzón incompetente para investigar las desapariciones durante el franquismo. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.
Igualmente, Garzón pidió que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.
Además, interesó el testimonio actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, entre otros juristas de prestigio internacional.
El abogado del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Gonzalo Martínez-Fresneda, alega que el objetivo de estas testificales es demostrar la “existencia de un debate acerca de la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas”. Demostrar que este “profundo debate” es real, afirma, “desmontaría la imputación de una prevaricación”, según esta parte.
En concreto, pide que sea llamada a declarar como testigo la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
También se solicita que declare el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, así como el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres, Juan Guzmán Tapia.
Completan esta lista el coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrádito de Derecho Penal de la Universidad de Girona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler.
Además, Garzón solicita la práctica de una serie de pruebas documentales, también destinadas a demostrar su tesis de que la actitud de Garzón de abrir diligencias para investigar la denuncia efectuada por las Asociaciones de Memoria Histórica “no puede ser tenida por absolutamente irrazonable”.
En concreto, se insta a que se aporten a la causa las cuestiones de competencia presentadas por al menos dos juzgados de instrucción, que rechazaron la inhibición planteada por la Audiencia Nacional y que en estos momentos se están tramitando en el Tribunal Supremo.
También interesa que se unan certificaciones de todas las causas penales que se hayan dirigido contra antiguos miembros de las S.S. o del Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, o contra responsables del Ejército, Policía o miembros de la Administración de Argentina, Chile o terceros países que tuvieran por título de imputación las desapariciones forzadas de personas, asesinatos o torturas.
El objetivo es, según la defensa, mostrar cuál es la “práctica 'usual'” de los tribunales españoles “a la hora de interpretar la prescripción de los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la Humanidad”.
DECLARACIONES EN EL CONGRESO DE DE LA VEGA
Además, Garzón pide que se remita un oficio al Congreso de los Diputados para que se entregue testimonio del Diario de Sesiones de 14 de diciembre de 2006, para mostrar que “tampoco existe contradicción ni incompatibilidad entre la Ley de Memoria Histórica y el Código Penal para los autores de esa ley”.
El abogado de Garzón se refiere a una intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Cámara Baja con ocasión del debate de la Ley de Memoria Histórica, en la que “dejaba claro” que este texto y el Código Penal tienen cada uno “su campo de acción”.
En el escrito recoge las palabras de De la Vega y, en concreto, cuando pidió que no se confunda el ámbito de esta ley --“que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctimas y de los españoles hacia todas las personas que sufrieron violencia”-- y el del Código Penal, que es “una ley de justicia penal”.