Vestido de negro cual enterrador y con cadáveres en plena vida protestando a las puertas de la Generalitat, el president Alberto Fabra ha afirmado que el cierre de RTVV es “innegociable”, y como único argumento ha utilizado el que ya se avanzó este martes, que el mantenimiento de la radio y televisión públicas es “incompatible” con garantizar los servicios del Estado del bienestar.
Fabra ha rechazado asumir cualquier responsabilidad en su Gobierno, ni la de su vicepresidente, José Ciscar, quien dijo que el Expediente de Regulación de Empleo era “impecable”, pero que ha sido declarado nulo por el TSJ. Fabra pone el cortafuegos en la directora del ente, Rosa Vidal, afirmando que ella tiene su responsabilidad del ERE anulado, y a quien deja caer después de que esta dijera ayer que no sería ella la que echaría el cierre a RTVV. Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, afirmó que estudiarían las medidas judiciales contra el bufete Garrigues, empresa que les asesoró para diseñar el ERE.
El presidente de la Generalitat cargó sus críticas en los sindicatos, acusándoles de no haber querido negociar, y de que “no han querido entender que la Administración no es un saco sin fondo donde cabe todo”. No obstante, cabe recordar que la sentencia del TSJ anuló el ERE afirmando que hubo “mala fe” y que no se quiso negociar.
Según el presidente, el ERE era la única forma de hacer RTVV sostenible, pero ante la posibilidad de plantear una nueva negociación con los trabajadores para realizar un nuevo expediente para continuar el ente, Fabra dijo que “el momento de la negociación ya ha pasado”, y que no iba a ser su Gobierno el que pusiera 40 millones de euros “para cumplir la sentencia”.
Pese a esgrimir argumentos económicos para el cierre del ente, Alberto Fabra ha afirmado que no tenía las cifras concretas, pero que sería aproximadamente el coste del funcionamiento de RTVV durante un año. Como referencia sí que ha explicado que hace dos años, cuando se inició el ERE, el coste era de 183 millones de euros, y que el capítulo de personal era de 73 millones.
Apenas ha hablado Fabra de mejorar la financiación de la Generalitat, y sobre una posible negociación para un crédito extraordinario del Ministerio de Hacienda, el president ha afirmado que estas negociaciones únicamente se harían para mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Sobre la imagen que da la Comunitat Valenciana y sobre el fomento de la cultura y la lengua propia al que insta el Estatuto de Autonomía, Fabra ha afirmado que se afrontará más adelante. Concluyó afirmando que pretende que el proceso de cierre ser “rápido” para no alargar la “agonía”, para lo que se readmitirá a los trabajadores como ordena la sentencia y así iniciar el proceso de liquidación.