La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la absolución del etarra Juan Antonio Olarra Guridi por la explosión de un coche bomba junto a un hotel de Rosas (Gerona) en 2001, porque, “aunque era dirigente (de ETA) y ya ha sido condenado por ello, no hay prueba de que él ordenara cometer el atentado”.
El fiscal Miguel Ángel Carballo manifestó que, “con todo el dolor del corazón”, debe ceñirse a la presunción de inocencia, ya que el coche bomba que Olarra entregó en el verano de 2000 a los ya condenados como autores materiales de la explosión “no fue el que se utilizó” en Gerona, sino que “se abandonó en Huesca por avería”. Además, y basándose en las declaraciones en sede policial de los miembros del comando -Aitor Olaizola y Eider Pérez-, el fiscal consideró que las informaciones sobre hoteles de Gerona que los terroristas elaboraron “no le fueron entregadas a Olarra, sino a Ainhoa Múgica”, actualmente condenada, junto con éste, por el atentado de Vallecas.
Olaizola y Pérez, que comparecieron como testigos, negaron que Olarra fuera uno de los responsables del comando que integraban -como aseguraron ante la Guardia Civil- y que fuera él quien les indujo a cometer el atentado. Eider Pérez declaró por videoconferencia desde la cárcel, debido a su avanzado estado de gestación, “para evitar los posibles perjuicios por el desplazamiento”, explicó la presidenta del tribunal, Manuela Fernández Prado.
Ante la falta de acusación por parte del Ministerio Público, -hecho que ya anunció en su informe de conclusiones provisionales-, el juicio pudo celebrarse por las peticiones de pena de las tres acusaciones particulares. El letrado de la familia del mosso d'Esquadra que falleció a causa del atentado ha solicitado 80 años de prisión para el procesado por un delito de asesinato terrorista, otro de estragos terroristas y dos de lesiones terroristas, además de 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
La Generalitat de Cataluña ha solicitado 73 años de cárcel para el acusado, al que ha considerado “autor” del atentado, y la compañía de Seguros Zurich ha reclamado 363.905 euros por los daños materiales causados además de una pena de 80 años. Olarra, que se negó a contestar a las preguntas de las partes, utilizó su turno de última palabra para asegurar, en referencia a las negociaciones con el Gobierno, que “todavía está encima de la mesa la proposición para poder solucionar el conflicto político de Euskal Herria”.