La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó este viernes el archivo de la causa abierta contra tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003, a quienes el magistrado Santiago Pedraz acordó procesar el pasado 27 de abril.
El fiscal Jesús Alonso recurrió la decisión adoptada por el juez, que procesó a los tres militares por su participación en el ataque de un carro blindado del Ejército de los Estados Unidos contra el hotel Palestina de Bagdad, en el que se encontraba Couso, al estimar que estos hechos no constituyen un delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional.
Además la Fiscalía solicita que se deje sin efecto las tres órdenes de busca y captura y detención internacional que el juez dictó contra ellos, así como la fianza de un millón de euros que fijó en el auto de procesamiento para cuando los tres militares pasaran a disposición de esta causa.
En el recurso, el fiscal entiende que la actitud del sargento Thomas Gibson, y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, “ni es indiscriminada ni excesiva aún cuando pueda tener relevancia penal y ser merecedora de algún reproche punitivo”, y apunta a la “mala fortuna y la fatalidad”.
Alonso explica que la acción llevada a cabo “discrimina y selecciona” un objetivo y tampoco es excesiva porque el disparo se dirige sólo al lugar dónde se cree que esta la persona que puede actuar contra ellos.
“No se trata de un acto intencional doloso dirigido a causar la muerte de personas civiles protegidas, sino de un acto de guerra realizado contra un enemigo aparente, erróneamente identificado”, añade.
Subraya el fiscal que no pude olvidarse el dato de que la situación se produce durante una guerra abierta de EEUU e Irak, pero destaca que la jurisdicción española no entra a “discernir” las facultades legales que la legislación norteamericana confiere a gobernantes para declarar o no una guerra.
Para la Fiscalía, si la intención buscada por los tres militares era “aterrorizar a los periodistas” con una “acción indiscriminada y excesiva”, el fuego se habría dirigido contra todo el edificio y no se hubiese parado la acción al tener conocimiento de lo acontecido.
“Pensar que una acción de autodefensa ejecutada por unos individuos en un clima de guerra tiene por finalidad aterrorizar a los periodistas, es ir más allá de lo que realmente se ha acreditado y justificado”, señala el recurso.
El fiscal también destaca que “no pone en duda” la competencia para que los tribunales españoles investiguen la causa, ya que, según recuerda, el Tribunal Supremo así lo estableció en diciembre de 2006 cuando estimó el recurso de la familia de Couso contra la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que había archivado las diligencias en marzo de ese año.
“Pero lo que sí pone en tela de juicio es que lo sucedido sea incardinable” en el tipo penal calificado en el auto de procesamiento porque, en su opinión, “los indicios racionales de criminalidad deben apoyarse en algo más que unas vagas declaraciones de testigos que, por su propia ubicación, nada han visto o podido ver”.
Couso falleció en un hospital de Bagdad pocas horas después del ataque, en el que también perdió la vida un reportero de la agencia británica Reuters y resultaron heridos otros periodistas.
Según informaron fuentes jurídicas, Pedraz tomará una decisión el próximo jueves, y previsiblemente desestimará el recurso de la Fiscalía, por lo que finalmente deberá resolverlo la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.