El Gobierno de Mariano Rajoy prevé aprobar en un próximo Consejo de Ministros a celebrar en septiembre la reforma del Código Penal que incluirá el endurecimiento de penas y la modificación de la tipificación de algunos delitos relacionados con la corrupción, entre ellos el cohecho. De prosperar el texto que propone el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, podría darse la paradoja de que un ministro sentado en la mesa en la que se aprobará ese texto haya incurrido en el pasado en varios supuestos delictivos.
Se trata del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al que afectaría de modo directo la modificación que se incluye del delito de cohecho (recibir una dádiva en consideración al cargo ?cohecho impropio- o recibir una dádiva a cambio de contraprestación).
La modificación que prevé el Gobierno enviar a las Cortes en octubre endurece el delito de cohecho al hacer desaparecer la necesidad de probar una contraprestación o favor a cambio de la dádiva. Bastaría con probar que el funcionario haya recibido un regalo con un valor superior a cierta cuantía que todavía no se ha fijado.
Las modificaciones del Código Penal no tienen carácter retroactivo, pero sí retratan políticamente a quienes las aprueban. En el caso de José Manuel Soria, de estar vigente esas propuestas del PP a principios de esta década, en concreto en los años 2004 a 2006, habría incurrido en al menos dos casos de cohecho por haber recibido dádivas sin que se hayan podido probar judicialmente las contraprestaciones.
Es el caso del viaje que celebró con el empresario noruego ya fallecido Björn Lyng en el jet privado de este para asistir a un concierto en Salzburgo (Austria) y a la pesca del salmón en Trodheim (Noruega) en agosto de 2005, mientras le tramitaba en el Cabildo la declaración de interés general de su urbanización Anfi Tauro para poder levantar en ella 3.500 camas de lujo sorteando la moratoria turística.
La juez que investigó a Soria en el TSJC, Margarita Varona, no apreció delito al concluir que no había causalidad entre la dádiva ciertamente obtenida y la contraprestación ciertamente prestada.
También afectaría a Soria esta reforma del Código Penal en el caso chalet, cuando aceptó vivir en versión gratis total en un chalet propiedad del empresario Javier Esquivel ahorrándose durante 21 meses una renta de 1.600 euros mensuales. Mientras eso ocurría, entre los años 2004 y 2006, el hoy ministro tramitaba desde el Cabildo, desde la Autoridad Portuaria y a través de su hermano Luis, a la sazón consejero de Industria, una concesión pública para una empresa de Esquivel instalara dos grandes turbinas de generación eólica en el muelle de Arinaga al amparo de un concurso público de asignación de potencia eólica.
Una denuncia ante el TSJC por este intercambio de prebendas ni siquiera fue admitida a trámite. Fue archivada de modo airado por el magistrado Fernando de Lorenzo.