MARINALEDA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)
El parlamentario andaluz de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha señalado que aún no tiene constancia de la citación judicial que la Policía Nacional ha registrado este viernes en el Consistorio que gobierna y en la que se le insta a personarse “a la mayor brevedad posible en día y hora hábil” ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija (Sevilla) --encargado de las diligencias por el asalto a un supermercado de dicha localidad sevillana del pasado martes--, si bien no ha aclarado si finalmente cumplirá dicha orden, ya que antes pretende “reflexionar” con sus “compañeros” del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) sobre el contenido de la citación, para así actuar “en función de lo que ellos le digan”.
Así lo ha explicado a Europa Press Sánchez Gordillo, quien no descarta la opción de declararse “insumiso”, ya que continúa sosteniendo que en el asalto de este martes no se produjo “ningún delito”, si bien no ha querido confirmar ese extremo. “Haré lo que me digan mis compañeros”, ha insistido antes de puntualizar que, en todo caso, para él sería “un honor” ir a la cárcel si finalmente así se decreta.
Lo que sí ha querido dejar claro al Gobierno es que el SAT “volverá a ocupar fincas y grandes superficies”, porque lo que la organización busca con esas acciones, según ha defendido, es “dar de comer a gente que no tiene dinero para ello”. En ese sentido, ha confirmado que próximamente volverán a acudir a la finca militar de 'Las Turquillas', en Osuna (Sevilla), que han ocupado durante 18 días y de la que este viernes han sido desalojados, así como “a fincas privadas de duques o duquesas que están viviendo tan tranquilos esta crisis”.
Por eso, ha instado al Ejecutivo a que, “si quiere evitar que se produzcan nuevas ocupaciones”, obligue a las grandes superficies a que donen a ONG aquellos alimentos cuya fecha de caducidad esté próxima, así como a implantar una “renta básica” para personas con esas necesidades.
En esta línea, Gordillo ha centrado sus críticas en la figura del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que, en su opinión, tendría que presentar su dimisión porque “no se puede actuar a la vez como ministro, juez y fiscal”, y “no se puede ordenar detener a jornaleros que sólo habían cogido unos carritos para cargar alimentos que no eran para ellos, sino para los más necesitados, a cualquier hora del día y sin dejarles ni tan siquiera cambiarse de ropa”.
“En todo caso habría sido más económico, en estos tiempos de crisis, haberles citado por carta para que se personasen en el juzgado” en vez de detenerlos, ha argumentado el alcalde de Marinaleda, que considera que “Franco ha resucitado en la figura del ministro del Interior”, ya que, con los arrestos, éste ha querido “mostrar su poder”.
Además, el parlamentario de IULV-CA cree que antes que detener a estos jornaleros, habría que perseguir a todos aquellos “directivos de bancos y cajas de ahorro” que “han cometido el fraude de las preferentes”, al Duque de Palma de Mallorca, Iñaki Urdangarin, o al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, entre otros. “Hay mucho terreno donde buscar delitos y dinero”, ha apostillado.
“EL PP-A DEBERÍA REPROBAR AL MINISTRO”
De igual modo, Sánchez Gordillo ha restado importancia a la propuesta de reprobación que el PP-A va a presentar en el Parlamento andaluz contra él, y ha señalado que, en todo caso, a quien deberían “reprobar” los 'populares' debería ser al ministro del Interior, o a otros “miembros de su casa”, como el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps.
En esta línea, ha pedido “prudencia” al PP-A, al que recuerda el “maltrato a Andalucía” que, en su opinión, está llevando a cabo el Gobierno central, y ha enmarcado esta solicitud en el “fariseísmo” y el “cinismo” que, a su juicio, abundan actualmente en política.