El Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la extradición a España de tres presuntos miembros de la banda terrorista ETA detenidos el pasado abril en Sheffield (norte de Inglaterra). Los imputados -Íñigo María Albisu Hernández, de 23 años; Zigor Ruiz Jaso, alias Lukas, de 29; y Ana Isabel López Monge, de 36- perdieron el recurso de apelación que habían formulado contra su entrega a las autoridades españolas.
Dos jueces del Tribunal Superior desestimaron este viernes los argumentos de los abogados de los presuntos etarras, que disponen ahora de catorce días para apelar ante los magistrados de la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial del Reino Unido. En caso de que el permiso para apelar sea denegado, los tres imputados serían extraditados dentro de un plazo de diez días.
Los supuestos etarras habían apelado contra el fallo de la jueza Caroline Tubbs, del londinense Tribunal de Westminster, que el pasado 17 de agosto ordenó devolver a España a los tres acusados. Los supuestos integrantes de ETA están acusados de formar en Inglaterra un comando de reserva “a la espera de recibir instrucciones de sus superiores para viajar a España y perpetrar atentados terroristas”, según las autoridades españolas.
“Errores formales”
En varios recursos, los abogados de los presuntos etarras alegaron “errores formales” de las euro-órdenes, que calificaron de “poco claras” y “vagas”, de ahí que cuestionaran su validez.
La defensa también aludió a un abuso del proceso en la obtención de pruebas que inculpaban a uno de los detenidos mediante supuestas torturas cometidas en España, toda vez que advirtió del riesgo que los imputados sufran malos tratos si son extraditados a España. En concreto, los abogados defensores se refirieron a una declaración del presunto etarra Arkaitz Agote Cillero, detenido tras la desarticulación del “comando Donosti” el pasado mes de marzo, quien alegó malos tratos de la Guardia Civil.
Según los letrados, Cillero implicó a Ruíz Jaso en el atentado cometido en 2006 contra el Instituto Social de la Marina del municipio vasco de Motrico (provincia de Guipúzcoa), durante un interrogatorio en el que supuestamente padeció torturas.
Confianza en el sistema español
Sin embargo, dos jueces del Tribunal Superior, John Dyson y Lawrence Collins, desestimaron los razonamientos de la defensa en un fallo anunciado en la sala tercera de esa corte de justicia.
“Si nuestros tribunales aceptaran esos argumentos, rechazarían la asunción que apuntala el Marco de Decisión (que establece el sistema de la euro-orden) de que los estados miembros (de la Unión Europea) deberían confiar en la integridad y justicia de los sistemas judiciales de cada uno de ellos”, explicaron Dyson y Collins. “Ése -concluyeron ambos magistrados- es un camino que no deberíamos tomar”.
En cuanto a las supuestas pruebas logradas través de torturas, Dyson y Collins indicaron que “no hay indicios de que evidencias obtenidas mediante torturas sean admitidas” en España, país signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Órdenes europeas de arresto
Los presuntos terroristas fueron detenidos el pasado 27 de abril en varios domicilios de Sheffield por agentes de la brigada de extradiciones de Scotland Yard y la Policía del condado norteño de South Yorkshire, en colaboración con la Guardia Civil española.
Las detenciones se practicaron en respuesta a tres órdenes europeas de arresto (euro-orden, pensada para simplificar las extradiciones en los países de la Unión Europea) cursadas por Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional española. Según fuentes de la lucha antiterrorista en España, la captura de los presuntos etarras fue consecuencia de la operación efectuada por la Guardia Civil el pasado 28 de marzo, durante la que fue desarticulado el comando Donosti de ETA, que pretendía reorganizarse en Navarra y el País Vasco (norte de España).