MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernard, calificó este viernes de “triunfo del Estado de Derecho y de la sociedad civil” la suspensión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordado hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras haberse abierto juicio oral contra él por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes franquistas.
Bernard, que interpuso la querella contra Garzón por este asunto, restó importancia al hecho de que el magistrado pueda ser autorizado a cubrir una plaza de asesor en el Tribunal Penal Internacional (TPI) porque a su juicio se trata de un simple “lavado de imagen”.
Según dijo Bernand a Europa Press, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sabido “aguantar el tipo” ante las múltiples presiones recibidas y finalmente ha sentado en el banquillo a Garzón, mientras que la Fiscalía se ha comportado de forma “desleal” en este asunto “colocándose al lado del presunto delincuente”.
El responsable de Manos Limpias criticó también la actitud “victimista” adoptada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que calificó de falsa “porque no se le juzga por investigar el franquismo, sino por haber cometido un claro y manifiesto delito de prevaricación al adoptar resoluciones a sabiendas de su injusticia”.
A juicio de Bernard, la decisión importante adoptada por el Consejo ha sido la de esta mañana, al suspender a Garzón, puesto que, una vez suspendido, “le puede contratar el Banco Santander, el TPI, el señor Bono o Ruiz-Gallardon”, como a cualquier otro ciudadano de a pie. “Se trata de una especie de satisfacción que le da el Consejo, para lavar sus vergüenzas”, añadió.
En todo caso, el responsable sindical considera que el posible traslado sería un “descrédito” para el propio TPI “porque sería como mandar de embajador de España a un presunto delincuente”. Finalmente, pidió al Tribunal Supremo que juzgue a Garzón cuanto antes “para evitar más maniobras torticeras” por parte de los defensores del magistrado.