El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó este martes su preocupación por la suspensión en sus funciones del juez Baltasar Garzón tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrir juicio oral en su contra por un delito de prevaricación por la investigación que instruyó sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
En un comunicado, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recordó que la desaparición forzosa es “un delito continuo que no acaba hasta que no se aclare la suerte corrida por la víctima”.
Los cinco miembros de este grupo recordaron en este sentido que los estados que “deben abstenerse de promulgar leyes de amnistía que eximan a los perpetradores de desapariciones forzadas de ser llevados ante la justicia y condenados”, como es el caso de la Ley de Amnistía de 1977 en España.
En contra
“Una ley de amnistía va en contra de lo provisto por la Declaración para la Protección contra la desaparición forzada, ya que los estados abandonan su responsabilidad de investigar, procesar y castigar a los responsables de las desapariciones, incluso cuando esas leyes son aprobadas por referendo o procesos similares”, recuerdan en el comunicado.
Tras recordar que esto también ocurre “cuando esa ley ha sido apoyada por un referendo u otra consulta similar”, este grupo de expertos de la ONU subrayó “el derecho a la verdad del que gozan las familias de los desaparecidos”.
“La reconciliación entre el Estado y las víctimas no puede culminarse sin el esclarecimiento de todos y cada uno de los casos”, añadió este quinteto de juristas de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias fue establecido en 1980 para ayudar a las familias a conocer el paradero de sus familiares. Está compuesto por Jeremy Sarkin -presidente y relator del organismo-, Santiago Corcuera, Jasminka Dzumhur, Olivier de Frouville y Osman El-Hajjé.