El Partido Popular ha decido reformar el Código Penal para endurecer las legislaciones que afectan al orden público, con medidas que parecen dirigidas a impedir que se repita un movimiento espontáneo de protestas como el del 15M.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado en el sesión de control del Congreso este endurecimiento alegando que es necesario luchar contra lo que denomina una “espiral de violencia” practicada por “colectivos antisistema” que emplean “técnicas de guerrilla urbana”. Pero según informa el diario digital Público, la legislación va más allá de los violentos y plantea una nueva batería de restricciones de derechos.
Al margen del endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera, se propone incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa. En clara referencia a las movilizaciones estudiantiles de Valencia y el movimiento 15-M, con esta legislación podrían ser condenados por atentado todas las personas que acudan a las movilizaciones de los indignados, que suelen llevarse a cabo sin previa notificación a la Delegación de Gobierno.
La participación en estas protestas no será el único acto castigado. La reforma propuesta prevé que sea considerado delito de integración en organización criminal difundir a través de Internet y las redes sociales las convocatorias “violentas” y que “alteren gravemente el orden público”, que podrían ser todas aquéllas que no hayan sido notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar pese al aviso de la Policía. Y eso es exactamente lo que pasó el 15 de mayo y los días posteriores en la Puerta del Sol de Madrid.