comando DonostiMoreno ordenó prisión incondicional para seis de ellos por los delitos de pertenencia y colaboración con banda armada y dejó en libertad a Endika Zinkunegi con la obligación de comparecer ante las autoridades cada quince días.
A Lerín, huido desde primavera de 2005, le imputó los delitos de pertenencia a banda armada, falsificación de documentos, tenencia ilícita explosivos y armas de fuego y un delito de estragos. De acuerdo con la resolución judicial, Lerín, presunto miembro liberado (a sueldo de la banda), se integró en el comando Urederra en mayo de 2006, cuando estaba vigente la tregua de ETA, y uno de los jefes de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, le asignó el alias de Jacinto.
Entre las actividades que realizó, hizo el seguimiento a Savater, de un policía nacional en el barrio de Amara de San Sebastián y del testigo protegido del caso Lasa y Zabala Pedro Luis Migueliz, alias Txofo, señala el auto, y de dos ertzaintzas en Tolosa, además de recabar información de bancos y oficinas de correos. En el piso donde residía en Andoaín (Guipúzcoa), propiedad de Itziar Aguirre, a la que en esta causa se ha imputado un delito de tenencia de explosivos y colaboración por alojar a miembros liberados, se hallaron unos 30 kilos de material explosivo, detonadores y matriculas sin marcar, mientras que en otro piso utilizado por él en San Sebastián, la Guardia Civil encontró una pistola y un “pendrive” con diversa información.
Al acusado Arkaitz Agote, el juez le atribuye un delito de pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos y estragos y, entre otras actuaciones, el auto indica que recabó información sobre miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y políticos del PP y del PSOE de la zona de San Sebastián. También le atribuye la preparación de un atentado con diez artefactos explosivos en diferentes carreteras de España entre los días 29 y 30 de julio de 2005, una acción que no llegó a realizarse.
A los acusados Lorea Irigoyen y Juan Carlos Herrador, que son pareja, Moreno les imputa un delito de pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos, mientras que al último de los acusados, Iñigo Orue, le ha acusado de colaboración con banda armada.
Tres horas de declaración
Los siete presuntos terroristas, que estuvieron detenidos en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid tras su arresto el pasado 28 de marzo, fueron trasladados durante la mañana de este lunes a la Audiencia Nacional, donde permanecieron en los calabozos hasta el momento en que comenzaron a declarar, sobre las 10.45 horas.
Los detenidos, que comparecieron en situación de incomunicados, es decir asistidos por un abogado de oficio y no por un letrado de su elección, prestaron declaración durante tres horas, en un interrogatorio en el que el fiscal Vicente González Mota pidió el ingreso en prisión para seis de ellos. Aunque en un principio fueron detenidas ocho personas -seis hombres y dos mujeres -, una de ellas, Julen Larrañaga, quedó en libertad sin cargos al día siguiente, después de ser interrogado.
En el marco de esta operación antiterrorista, que sigue abierta, la Guardia Civil también detuvo el pasado domingo en Guipúzcoa y Navarra a Sergio García Lazkano, Unai Lamariano y Joseba González Pavón, todos presuntos miembros legales de la banda armada -no fichados por las Fuerzas de Seguridad del Estado-, con lo que son ya diez los detenidos desde el comienzo de esta actuación, la mayor contra ETA desde que José Luis Rodríguez Zapatero asumió la presidencia del Gobierno. El nuevo comando Donosti, que ha sido desarticulado antes de que comenzara actuar, es heredero de uno de los más activos de la banda terrorista, que se ha reconstruido tantas veces como ha sido desactivado, y el Ministerio del Interior le atribuye 24 atentados cometidos entre 2004 y 2006.
Sin objetivos concretos
Mientras, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, aseguró que aunque los detenidos tenían en su poder datos sobre políticos, miembros de las Fuerzas de Seguridad, del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, no tenían “objetivos concretos” ni órdenes para atentar de forma inminente.
En declaraciones a los periodistas en Bruselas, Mesquida aseguró que la desarticulación de este comando es la “operación más importante realizada en España contra ETA en los últimos años”, una circunstancia que demuestra que no se ha bajado “ni un milímetro la intensidad en su lucha contra la banda”. Así, recordó que en el marco de la operación se han hallado unos 200 kilos de material para confeccionar y detonar explosivos, así como dos pistolas (una de ellas procedente del robo de robo de 350 armas perpetrado el 23 de noviembre en la localidad francesa de Vauvert).
También se intervino una imprenta para elaborar los boletines internos de ETA (zutabes) e incautado varias capuchas blancas que podrían haberse empleado en la “escenografía” de anuncios de la banda terrorista en el anuncio del alto el fuego de 22 de marzo de 2006. La operación, señaló Mesquida, demuestra que ETA tiene capacidad operativa en explosivos, activistas y armas, por lo que puede cometer atentados “en cualquier momento”, de ahí que sea “fundamental” tener en marcha los “mecanismos de prevención”.
Mientras tanto, las Fuerzas de Seguridad, que registraron varios domicilios en Hernani (Guipúzcoa) y Pamplona, continúan buscando a otros posibles miembros del comando Donosti de ETA, entre ellos a Ignacio Lerin, hermano del presunto jefe del grupo.
Ante la Justicia francesa
Los dos presuntos etarras detenidos el jueves pasado en el suroeste de Francia después de saltarse un control de aduanas comparecieron este lunes ante un juez antiterrorista con vistas a su procesamiento, indicaron fuentes próximas al caso.
Juan Carlos Yurrebaso Atutxa, de 51 años, y Kepa Mirena Suárez Ugarte, de 47, fueron trasladados a París el pasado sábado desde Périgueux. Los dos presuntos etarras, que se identificaron como miembros de ETA en el momento de su arresto, pueden ser imputados por asociación de malhechores con fines terroristas, tenencia ilegal de armas, documentación falsa, matrículas falsificadas y receptación de robo.
Cuando fueron arrestados durante la madrugada del pasado jueves, llevaban documentación falsa y uno de los dos estaba armado con una pistola Herstal. En el coche, robado, que habían abandonado en su fuga, la policía encontró juegos de matrículas falsas así como un ordenador portátil y otros materiales informáticos.
La policía aún busca la vivienda que los dos presuntos etarras pudieron haber ocupado en la zona de Périgueux, que no ha podido ser localizada todavía a pesar de la publicación en la prensa local de las fotografías de ambos, según las fuentes.