El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira acordó este jueves mantener en prisión provisional al supuesto cabecilla del caso Gürtel, el empresario Francisco Correa, por participación en una trama y la comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad, informó el TSJM.
Tras declarar durante tres horas y media, el instructor tomó esta decisión a instancias de las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, negando su puesta en libertad. Durante la comparecencia, el abogado de Correa solicitó el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre su cliente, al alegar que necesita estar en libertad por “la invalidez” que sufre su hermano, según el TSJM.
Correa salió a las 9.40 horas de la prisión de Soto del Real, siendo conducido a la capital en ambulancia. El propio empresario solicitó que así fuera su traslado debido a la claustrofobia que sufre y por el temor de sufrir un ataque de ansiedad en el furgón de la Guardia Civil que le iba a trasladar. Según Instituciones Penitenciarias, en las últimas semanas ha padecido dos episodios de ansiedad en los que ha necesitado asistencia médica.
A la sede del TSJM llegó a las 11.30 horas en un turismo policial después de que en los Juzgados de Plaza de Castilla se realizara el cambio de vehículo por causas que se desconocen. A su llegada, las cámaras pudieron captar tras los cristales la imagen de Correa, que mostraba un aspecto desmejorado en comparación con la última vez que se le vio cuando declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Salida en ambulancia
Al término de la comparecencia, solicitó de nuevo que se le trasladara a la prisión en ambulancia. Durante tres horas, estuvo esperando en una sala custodiado por dos agentes de la Policía Nacional. Según fuentes jurídicas, el empresario estuvo todo el tiempo con la cabeza entre los brazos, abatido, sin apenas levantar la mirada. A las 18.20 horas, el imputado abandonó el TSJM en una ambulancia, escoltada por un furgón de la Guardia Civil, en dirección a Soto del Real.
Garzón le envió el pasado 12 de febrero a prisión por liderar supuestamente un grupo organizado que creó un entramado de empresas para nutrirse de fondos públicos a través de sobornos a funcionarios y autoridades de administraciones vinculadas al PP de Madrid y Valencia.
Según el juez, con el objetivo de “mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses económicos”, los miembros de la trama les entregaban “regalos, presentes y cantidades de dinero”. De esta forma, lograban “obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas”.
Sin medidas cautelares
Asimismo, el magistrado Pedreira tomó declaración a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns, el presidente de la Constructora Hispánica, y Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, a quienes tras la comparecencia, las fiscales acordaron no solicitar la adopción de medidas cautelares contra ellos.
No obstante, el magistrado les imputó los delitos genéricos de la causa por pertenecer a una trama y la comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.
Por otro lado, el TSJM informó que el próximo martes habrá nuevas comparecencias. En total, en la causa están imputadas más de 60 personas, entre ellos los aforados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.