Alegaciones a la consulta pública

La transición energética en Canarias ya no es una opción de futuro: es una necesidad urgente, estratégica y ética. Ante una realidad insular marcada por la dependencia de combustibles fósiles, unos costes energéticos desproporcionados y una exposición creciente a los impactos del cambio climático, no hay excusas para posponer decisiones que son vitales para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Canarias posee uno de los mayores potenciales renovables de Europa: sol abundante, viento constante, recursos geotérmicos aún sin explotar y un entorno marino favorable a tecnologías emergentes. Y sin embargo, nuestras islas siguen operando sistemas eléctricos anclados en lógicas del siglo pasado. La falta de almacenamiento energético, las rigideces del despacho, los vertidos de renovables por ausencia de planificación o la señal de precio desconectada de la realidad insular son síntomas de un modelo que ya no se sostiene.

Desde Salto a la Transición Ecológica, hemos presentado nuestras aportaciones a la consulta pública abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y lo hemos hecho con una convicción firme: Canarias no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades. Necesitamos cambios normativos, institucionales y operativos profundos. Necesitamos que el almacenamiento energético sea tratado como lo que es: una infraestructura estratégica para la estabilidad, la eficiencia y la descarbonización del sistema.

Proponemos avanzar hacia un modelo mixto de almacenamiento, que combine grandes infraestructuras hidráulicas allí donde sean viables ambiental y socialmente, baterías estacionarias en redes de distribución, soluciones térmicas e industriales, y tecnologías incipientes como el hidrógeno verde. Todo ello debe estar integrado en una planificación energética insular, vinculante y participativa.

También creemos que ha llegado el momento de replantear cómo se retribuye la energía renovable en Canarias. No podemos seguir dependiendo de un precio peninsular que no refleja ni nuestros costes reales ni nuestros objetivos climáticos. Proponemos una señal de precio basada en el coste evitado de generación fósil, con bonificaciones por valor sistémico (almacenamiento, servicios de red, reducción de emisiones) y penalizaciones por vertidos evitables.

Pero más allá de la ingeniería o la regulación, esta transición necesita visión de conjunto y decisión política. Requiere la creación de una autoridad energética regional que coordine, impulse y supervise el cambio; planes específicos para las islas no capitalinas, muchas veces marginadas; una integración real del binomio agua-energía; y sobre todo, una ciudadanía informada, protagonista y partícipe del nuevo modelo.

Esta no es solo una cuestión técnica. Es una oportunidad histórica para democratizar la energía, reducir desigualdades, proteger nuestros ecosistemas y construir un futuro más justo. Y no puede seguir postergándose. La emergencia climática no espera.

Desde nuestra organización, hacemos un llamamiento a todas las administraciones, instituciones y agentes sociales para que den un paso al frente. El tiempo del diagnóstico ya pasó. Ahora es el momento de actuar con coherencia, ambición y responsabilidad.