Clavijo y la plana mayor de CC arropan a la alcaldesa de Mogán en plena investigación por la presunta compra de votos en el municipio
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha arropado este sábado por la noche a la alcaldesa de Mogán y candidata a la reelección en las municipales del 26 de mayo, Onalia Bueno, en un acto de campaña celebrado en la Plaza de Las Marañuelas, en Arguineguín. El dirigente nacionalista, imputado en un juzgado de La Laguna por el denominado caso Grúas, ha mostrado así su apoyo público a la regidora sureña una semana después de la difusión de una grabación en la que se escucha cómo Bueno trata de manipular el voto por correo en el municipio y el mismo día en que se conocía, a través de una información de Canarias Ahora, que la Guardia Civil está interrogando a presuntos traficantes de votos vinculados a su partido, Ciuca, aliado electoral de CC en los comicios locales.
A Bueno la han acompañado, además de Clavijo, la plana mayor de los nacionalistas. En el acto de campaña han participado, entre otros, Ana Oramas, diputada electa en el Congreso de los Diputados; y Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno canario y cabeza de lista de CC por Gran Canaria.
Las sospechas de compra de votos en Mogán no son nuevas. Una grabación difundida en diciembre de 2016 implicaba a Onalia Bueno en una presunta trama para ganar las elecciones municipales de 2015 con métodos fraudulentos. Uno de los excolaboradores de la actual alcaldesa, José Monzón, conocido como Pepe el Japonés, confesaba en una conversación con el también exalcalde Francisco González, del Partido Popular (PP), que compró 383 votos por correo para el partido de Bueno, Ciuca, a cambio de dinero y favores. “Tenemos que jugar sucio”, se le escuchaba decir.
Meses antes, Ramón Trujillo, conocido como El Perraya, también reconoció haber trabajado en esta presunta trama de compra de votos para Ciuca, obteniendo unos cien sufragios (a 50 euros cada uno) para la actual alcaldesa.
En relación con los comicios del 26 de mayo, La Guardia Civil ha abierto otra investigación a raíz de varias denuncias y ya ha interrogado a presuntos traficantes de votos relacionados con la alcaldesa aliada a CC en Mogán, entre los que se encontrarían contratistas de pequeñas obras municipales con facturas infladas, propietarios de locales de ocio pendientes de pagar sanciones o personas que controlan a colectivos de inmigrantes empadronados.
Las pesquisas abarcan las elecciones de 2015 y estas últimas denuncias. Según ha podido saber Canarias Ahora, la Unidad de Policía Judicial ha tomado declaración a empresarios denunciantes y a implicados en la presunta trama, algunos de los cuales habrían pedido incluso al sargento cambiar su testimonio y reconocer los hechos tras verse involucrados por otros testimonios.
La Guardia Civil dispone de un listado de tiendas, bares y domicilios particulares en los que se estaría traficando con votos con el mismo modo de operar que el descrito en las denuncias de 2015. Aparte de la compra de voluntades a cambio de 50 o 100 euros se investiga la financiación de estos fondos a través de contratistas cómplices que habrían inflado facturas en contratos de obras con el Ayuntamiento para crear la bolsa con la que pagar los votos.
A esta línea de investigación se le suma el contenido de la grabación difundida la semana pasada, en la que se escucha cómo Onalia Bueno le cuenta a un colaborador de su partido cómo debe manipular el voto por correo entre los vecinos del municipio. “Si tienes dudas, lo importante es que cuando el sobre, que es enorme, llegue a la casa, te llamen y no lo abran, para decirte yo cómo es el rollo”, dice la alcaldesa a su interlocutor.
Bueno es, desde 2015, alcaldesa de Mogán, cargo que compagina con la actividad empresarial de una sociedad de la que es administradora única, y aliada de CC, partido que no ha presentado candidatura en el municipio para cederle más espacio electoral. La regidora fue investigada por ocho delitos, entre ellos el electoral, en el marco de la denominada operación Góndola. Fue detenida en 2007 junto a Francisco González, entonces alcalde y compañero en el PP. La causa fue finalmente archivada tras once años de instrucción e incesantes cambios de jueces y fiscales. Bueno se marchó del PP tras ese episodio y regresó a la política de la mano de Ciuca en 2011, manteniéndose en la oposición hasta 2015, cuando asume el bastón de mando gracias al apoyo del PSOE.