El Gobierno de Rajoy pagó en dólares cambiados en el mercado negro las ayudas sociales a españoles en Venezuela

La embajada de España en Venezuela pagó en dólares adquiridos en el mercado negro las ayudas oficiales destinadas a personas españolas en situación de emergencia, según ha reconocido ante el Tribunal de Cuentas quien fuera consejero de Empleo y Seguridad Social de la legación diplomática, el exdiputado autonómico y exdirigente del Partido Popular Juan de San Genaro Santana Reyes. El órgano fiscalizador del Estado ha concluido un expediente interno con un acta de liquidación en el que se cifra en unos 335.000 euros la cantidad irregularmente gastada.

Gran parte de las ayudas destinadas a “paliar la situación derivada de la carencia de recursos de los españoles” en Venezuela y de “los familiares a su cargo” fueron gestionadas sin control durante los años 2015 y 2016, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas tras la investigación del Tribunal de Cuentas del Estado, que responsabiliza personalmente a Santana, ex dirigente del PP canario. Según el acta de liquidación provisional de la Unidad de Actuaciones Previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidad, Santana deberá reintegrar al Estado 313.655,80 euros, mientras que el funcionario que le sustituyó a finales de 2016, y que mantuvo unos meses la misma metodología de reparto, ha sido declarado responsable de 21.051,48 euros. En esas cantidades se incluyen los intereses.

El Tribunal de Cuentas considera “pagos no justificados” un total de 274.000 dólares de los ejercicios económicos de 2015 (207.000) y 2016 (67.000), que al tipo de cambio oficial de entonces (1,094), alcanzarían los 300.412 euros. Esta consideración está basada en que, según han reconocido los responsables de su reparto, esas cantidades no se asignaron a las personas mediante el método determinado por la ley, sino que se transfirieron a la Fundación España Salud (FES) para que se ocupara de todo. Eso burló los trámites de revisión y análisis de las solicitudes de las personas interesadas, la verificación de su situación socioeconómica, la concesión, el pago, el control y la justificación de las asignaciones concedidas, según el órgano fiscalizador español.

¿Y por qué se actuó de ese modo? Según las alegaciones de Juan de San Genaro Santana, se cedieron esas cantidades a FES para multiplicar su valor monetario por 20 al utilizar esa fundación el mercado informal de cambio de dólar por bolívares para el pago a las personas necesitadas, algo que la embajada no puede hacer. En Venezuela existen varios mercados para el cambio de la moneda de Estados Unidos, y en los años objeto de la investigación era en el llamado mercado negro donde se podían obtener hasta 190 bolívares por dólar, frente a los 6,40 del cambio oficial, según la estimación que hizo Santana ante el Tribunal de Cuentas.

Además, el consejero español responsable de estas ayudas a las personas migrantes sostuvo ante el órgano fiscalizador que la Fundación España Salud tenía acceso a la adquisición de bienes y medicamentos vedados a los habitantes de Venezuela, de modo que las ayudas económicas del Estado español se transformaban por esta modalidad en pagos en especie.

Ninguna de esas explicaciones ha satisfecho a la funcionaria instructora del expediente, ni tampoco al Ministerio Fiscal ni a la Abogacía del Estado, todos ellos presentes en el acto formal de comunicar a los infractores el acta de liquidación. Independientemente de la buena fe o de los resultados obtenidos, lo que prevalece para el Tribunal de Cuentas es que la concesión de ayudas asistenciales extraordinarias esos dos años se llevó a cabo “fuera del marco legal establecido”, lo que a su entender constituye lo que se conoce como “alcance contable” y puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades penales.

Junto a Juan de San Genaro Santana figura como infractor en esas actuaciones el funcionario José Manuel Gómez de Aranda Villén, que actuó inicialmente como secretario de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela y que, los últimos meses de 2016, sustituyó a Santana como consejero al producirse su jubilación forzosa.

Fue Gómez de Aranda, según sus alegaciones, quien denunció la fórmula de reparto ante sus superiores, lo que trató de aprovechar su abogado para reclamar de la instructora una resolución contraria a la de exigirle el pago de 21.000 euros por la infracción presuntamente cometida.

Sin embargo, fuentes conocedoras de los hechos han señalado que fue el consejero nombrado por el PP en sustitución de Santana, ya en 2017, quien detectó las irregularidades y en un duro escrito dirigido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (su denominación de entonces) relató los hechos. Un informe de la Intervención Delegada de ese ministerio puso en marcha las actuaciones del Tribunal de Cuentas, ahora concluidas.

Juan de San Genaro Santana Benítez es un histórico del Partido Popular de Canarias. Entre otros cargos y después de su paso por la Legión, fue viceconsejero de Ganadería del Gobierno regional y diputado en el Parlamento autonómico, además de presidente de la formación en la isla de Fuerteventura. Ni él ni la embajada española en Venezuela han respondido a las pregunta formuladas por este periódico.