La Ley canaria de Servicios Sociales lleva tres años atascada en el Parlamento de la comunidad que peor los gestiona en España

Fue una de las promesas de Fernando Clavijo en su discurso de investidura: seis meses después de llegar a la Presidencia de Canarias tendría lista una Ley de Servicios Sociales. Una hazaña difícil que le encomendaba a su ex socia en el Gobierno, la socialista Patricia Hernández, entonces consejera de Políticas Sociales, quien le advirtió de las dificultades de sacar adelante una norma de este calibre en ese periodo tan reducido, dado los atrasos de Canarias en esta materia y por toda la tramitación que requiere una ley de este calibre. Han pasado tres años y la norma sigue atascada en el Parlamento regional. Al mismo tiempo, Canarias se sitúa como una de las regiones con peores servicios sociales de toda España.

Durante el discurso de investidura, Clavijo llegó a afirmar que acercaría los servicios a la ciudadanía por medio de un proceso de descentralización y reduciendo los tiempos de espera, que, a su juicio, eran inadmisibles en los casos de dependencia o discapacidad. Para ello, sería fundamental esta ley que debería ser abordada junto al sector. En diciembre, el presidente reculaba y anunciaba que la ley estaría lista al año siguiente. Patricia Hernández señala que antes de que se rompiera el pacto entre CC y PSOE en diciembre de 2016, ya se había reunido con todo el sector y la ley estaba finalizada, a falta de otros trámites como enviarla al Consultivo y al Parlamento. Sin embargo, finalizará este año 2018 sin que la ley vea la luz. El tiempo se echa encima ya que el 1 de abril cesa la actividad parlamentaria ante la convocatoria de elecciones en mayo.

La ley de Servicios Sociales tuvo su registro de entrada en el Parlamento de Canarias el 7 de noviembre de 2017, con la consejera Cristina Valido (CC), que es la única que ha sido reprobada en la Cámara Regional, por su gestión en dependencia y por los datos de la pobreza en Canarias. La norma fue publicada en el boletín del Parlamento el 24 de ese mismo mes, en la que se podían apreciar algunos cambios en cuanto al texto del PSOE. En diciembre de ese mismo año se hacía público el Índice DEC, un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Gerentes y Directores Sociales que venía a afirmar que Canarias es la segunda comunidad de España con peores servicios sociales y donde se remarcaba que esta región carece de una ley que los garantice y dé planificación.

La ley actual por la que se rigen los servicios sociales en Canarias es la de 1987, una norma que ha quedado obsoleta y que no da garantías. La nueva ley fue llevada al Parlamento de Canarias en febrero de 2018,  que fue reprochada por la oposición ya que no incluía una ficha financiera que permita que no caiga en saco roto. Especialmente críticos en el debate de la ley se mostraron PP y Podemos, que insistieron en que con el documento presentado no se conoce cómo se van a garantizar esos derechos. Noemí Santana consideró además que el texto equipara el valor de las prestaciones, programas y servicios de titularidad pública con el de la titularidad privada, “abriendo  la veda de una mayor privatización a manos de empresas privadas de los servicios públicos”. En ese mismo pleno, NC y PSOE lamentaron que Clavijo haya priorizado otras leyes antes que la de Servicios Sociales. Ejemplo de ello es la Ley del Suelo o también se pudo apreciar en el último pleno de 2018 con una ley de urgencia sobre las Islas Verdes.

Tras este pleno, llegó el período de enmiendas, reuniones de la Junta de Portavoces… pero la ley, aunque es una prioridad para todos los grupos, de momento sigue estancada. Lo que para Clavijo sería un trámite de seis meses, se ha convertido en uno de casi cuatro años. Recientemente, el presidente admitía que “queda mucho por hacer”, pero remarcaba que se ha mejorado en esta área en los últimos años. Un discurso que sostiene la actual consejera.

La Asociación Estatal de Gerentes y Directores Sociales ha venido alertando de cierta mejora, sobre todo en Dependencia, desde la llegada de la socialista Patricia Hernández a la consejería, que sentó las bases de la gestión de este derecho básico para la ciudadanía y que había sufrido años de atrasos ante el mando de Inés Rojas (CC). Sin embargo, el ritmo hoy día sigue sin ser el deseado. Con Cristina Valido, ha existido un baile de cifras entre las que da el Gobierno y las del IMSERSO, en ocasiones porque se utiliza un distinto sistema para medir los beneficiarios al hablar la consejera en sus notas de prensa de solicitudes que se han estudiado y de la incorporación de nuevos casos al sistema más que del dato de personas que ya con el derecho reconocido reciben la prestación. Una forma de medir estas cifras que ha generado polémica con su antecesora, Patricia Hernández, quien ha reprochado en varias ocasiones que la forma de medir la lista de espera siempre ha sido la de personas que ya se benefician del sistema.

Actualmente, en Canarias hay una lista de espera en dependencia de 9.172 personas, que a pesar de tener reconocido el derecho a recibir la ayuda siguen esperando, según datos del IMSERSO, correspondientes al mes de noviembre. Además, 17.971 personas siguen esperando a que se les resuelva su solicitud. Una lista muy alta comparada con otras comunidades autónomas y cuya solución según reitera la Asociación Estatal de Gerentes y Directores Sociales es una mayor inversión. Hay regiones, como la Comunidad Valenciana que con una inyección económica importante han conseguido reducir su lista de espera a pasos agigantados.

Otra de las realidades de Canarias que ponen en evidencia la necesidad de esta ley es que es una de las comunidades con mayor tasa de pobreza y exclusión social. Según el último estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, esta comunidad autónoma tiene una tasa de exclusión social y pobreza del 40%, y solo se sitúa por detrás de Extremadura. Además, el informe La infancia en Canarias 2017 de Unicef sitúa a las Islas como la comunidad con más niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social con un 41,6%.