El polémico decreto de Dependencia da un paso hacia su aprobación pese al rechazo de los colegios de Trabajo Social

El Consejo General de Servicios Sociales ha aprobado este jueves el polémico decreto de dependencia en el que se lleva trabajando meses. El visto bueno se ha dado en contra del criterio de los colegios oficiales de Trabajo Social de Canarias, que advierten de  la falta de participación para desarrollarlo y de que se sustituya la valoración de esta situación de dependencia por “un mero trámite administrativo”.

La Consejería de Bienestar Social defiende que este decreto simplificará los trámites de la Dependencia para reducir el tiempo de espera. A juicio de los colegios de trabajo social “se pretende reducir las listas de espera para la valoración, pero ¿tendríamos servicios y plazas públicas para dar cobertura a todas estas resoluciones?”

Asimismo, los colegios señalan que siguen sin saber qué es un “informe de entorno” así como “quiénes y qué perfiles componen los equipos de valoración y la comisión técnica”. “Por coherencia y por garantía de los derechos de la ciudadanía, los colegios hemos votado no”, aclaran.

El Ejecutivo regional señala en un comunicado que la nueva normativa continuará ahora la tramitación hasta su aprobación final en Consejo de Gobierno. “Una vez que entre en vigor, el decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden”, defiende.

La Consejería señala que la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos.

Cabe recordar que el Gobierno tuvo que recular con este decreto, ya que pretendía que caducaran las solicitudes de dependencia si no respondía a los seis meses.

Un decreto que recibió numerosas alegaciones

El decreto acumuló numerosas alegaciones. Por un lado, personal técnico de la Consejería criticó que se elimine la obligación de realizar un informe social, figura que está descrita por universidades y colegios profesionales, y se sustituye por un informe del entorno para una persona dependiente. En este decreto tampoco se describe de forma concreta y poniendo todos los puntos a realizar. 

También advirtieron de que se abre la puerta a que otros profesionales de la comunidad autónoma realicen las valoraciones. “El procedimiento de valoración requiere de una cualificación específica, alta formación y dominio del instrumento, así cómo de criterios comunes, con los cuales parte el equipo que desempeña la función de valoración propia de la Dirección General, donde priman los principios de objetividad e imparcialidad, entre otros. Descentralizar supondría la pérdida de coordinación técnica, no pudiéndose garantizar paridad de criterios a la hora de la aplicación del instrumento de valoración”, detallan los técnicos. 

Asimismo afearon que el decreto establece que antes de decidir si la valoradora acude al domicilio del solicitante, se realizará un “triaje”, es decir, un profesional con formación sanitaria es el que realizará una valoración únicamente con la documentación aportada por ese posible beneficiario. En numerosas ocasiones, afirman que los informes de salud “están incompletos” y “se observan déficits durante la valoración que no concuerdan con los diagnósticos que tiene el solicitante en el informe de salud y se debe requerir que aporte otro informe médico para poder realizar la valoración de forma completa”.

Por ello, inciden en que descartar valorar a un solicitante por este criterio, “además de ineficaz, parece discriminatorio”, pues tras valoración, los técnicos pueden orientar a la ciudadanía a recoger la documentación de aquello que puedan necesitar para continuar con su expediente. Un ejemplo que citan es que puede haber informes de salud con solo hipertensión y la persona estar completamente encamada y anquilosada, por lo que concluyen que “no se puede priorizar la valoración en base al diagnóstico”.

Los colegios de Trabajo Social también presentaron alegaciones. “Creemos que el proyecto adolece de apoyo financiero y que no garantiza la mejora de recursos humanos, y su tramitación urgente impide el análisis en profundidad de su impacto”, apuntaron. “La tramitación urgente ha impedido un análisis exhaustivo del impacto del decreto, dejando poco espacio para la reflexión y el debate, aspectos cruciales para garantizar la calidad del servicio”, reprocharon.