Los trabajadores sociales cargan contra el decreto de Dependencia del Gobierno canario: “Puede hacer peligrar el sistema”

El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha advertido sobre las consecuencias del polémico decreto de Dependencia que impulsa el Gobierno de Canarias. Reprocha que el texto “parece olvidar que la elaboración adecuada de las valoraciones y los PIA depende de una evaluación precisa y detallada, lo cual requiere suficiente tiempo y recursos”. Una cuestión de la que habían advertido también profesionales del propio servicio.

El Gobierno de Canarias reculó tras las alegaciones del personal técnico y de los colegios profesionales y finalmente no caducarán las resoluciones si el Ejecutivo no responde a los seis meses. Sin embargo, hay otras cuestiones que se mantienen y que profesionales del ámbito reprochan como que se elimine el informe social y se sustituya por uno del entorno o que se abra la puerta a que profesionales ajenos a este servicio puedan realizar las valoraciones y los trámites que requieren de que a una persona se le conceda o no este derecho. Además, si en tres meses la persona no hace uso de la prestación que se le ha concedido se extinguirá ese derecho.

El Colegio de Trabajo Social señala que “este decreto establece una modificación completa de toda la estructura, funcionamiento y criterios en relación a la tramitación, gestión y resolución del procedimiento”. Por ello, insiste en que “no estamos hablando de un trámite más. No estamos hablando de cifras. Estamos hablando de personas y del conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, la atención y protección a las personas en situación de dependencia”. Y afea que la inminente aprobación de este decreto, supondría que “pretendiendo reducir la respuesta administrativa, pudiera descuidar otros aspectos fundamentales haciendo peligrar el propio sistema”.

Los profesionales apuntan que  la implementación efectiva de las valoraciones y de los PIAS (clave para que a una persona se le otorgue la ayuda a la dependencia) requiere de una “coordinación ágil y de recursos suficientes”. Así mismo, “este nuevo decreto reduce significativamente las menciones y responsabilidades específicas asignadas a las y los trabajadores sociales”, algo que afirman que les preocupa.

“Pareciera que, al amparo de ”lo social“, cualquier profesional es válida, las herramientas pudieran modificarse libremente, o las funciones fueran maleable. También decíamos que las disciplinas comparten líneas de intervención comunes pero esto no puede ni debe ser la base para la asignación arbitraria de profesionales en las distintas prestaciones y servicios o la creación de nueva terminología ambigua para aglutinar las consideraciones técnicas de cada ámbito de conocimiento”, resalta el Colegio.

En su página web, el Colegio oficial ha colgado un texto en el que comparan este decreto con lo que podría pasar si se decidiera que “asociaciones de vecinos puedan acreditar situaciones de Dependencia”. “Surrealista, ¿verdad? porque esta noticia es falsa y supondría intrusismo profesional y un atentado a los derechos de las personas. Pues bien, algo similar se pretende llevar a cabo con el nuevo Decreto para la valoración de la Dependencia en Canarias”, exponen los profesionales del colegio. La misma comparación la realizan con otros ejemplos como con Educación o con medicamentos con el objetivo de llamar la atención sobre los riesgos de este decreto.

🔴 | ÚLTIMA HORA
El Gobierno informa: a partir de septiembre asociaciones de vecinos podrán acreditar el Grado de dependencia

Se trata de una medida "encaminada a lograr la simplificación administrativa y descentralización del procedimiento."

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— Colegio Trabajo Social S/C de Tenerife (@COTSTenerife) August 24, 2024

Los profesionales de Trabajo Social reprochan que en el texto se encuentren con “informes de entorno” o con una Comisión Técnica de Valoración de la Dependencia “integrada por un equipo multidisciplinar de carácter público, encuadrado en el modelo biopsicosocial”. Ello, explican, “con muy pocas concreciones profesionales que fulminan a los y las trabajadores sociales como profesionales de referencia, así como una de sus herramientas fundamentales como es el informe social”.

Al Colegio le preocupa además “la posible delegación, en administraciones u otros sistemas públicos o en entidades privadas, como partícipes del procedimiento de valoración y en la elaboración de los informes”, algo que llaman “privatización o externalización”.

“Reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno para modernizar y simplificar los procedimientos administrativos. Sin embargo, este decreto, tal como está formulado, presenta una serie de desafíos y preocupaciones que no podemos pasar por alto y que, de ser implementado, tendrán efectos negativos para las personas usuarias del sistema de dependencia”, concluye el Colegio.

Las quejas del comité de empresa de Las Palmas

Este periódico ya había recogido en un artículo las advertencias del comité de empresa de Las Palmas sobre este decreto. Yolanda Cívicos, que además es trabajadora social y valoradora, exponía entonces que “desde la Consejería se pretende (tras suprimir el triaje por la presión ejercida) eliminar el mayor número de prescripciones facultativas para optimizar al máximo los escasos recursos humanos existentes en la Consejería”.

En concreto, el nuevo texto refleja que “con carácter general la valoración se llevará a cabo en el entorno habitual del interesado por profesionales con perfil sociosanitario de la Administración de la Comunidad de Canarias o de cualquier otra entidad u organismo público que, en virtud de los mecanismos de colaboración y cooperación interadministrativa, pudieran tener atribuida tal función, pudiéndose determinar, cuando así se estime conveniente por el órgano competente, que la valoración se lleve a cabo en un lugar distinto del entorno habitual del interesado”.

Cívicos considera que ese párrafo deja abierta la puerta a que personal que no es del servicio de Dependencia pueda realizar las valoraciones y los programas de atención individualizada. Se trata de una cuestión que cree que no aporta seguridad jurídica e igualdad, ni imparcialidad. La trabajadora social insistía además en que la formación que están recibiendo los nuevos técnicos que se incorporan al servicio de Dependencia es “deficitaria”, por ello, reprocha que esas valoraciones por parte de la nueva comisión técnica sean por “muestreo”, pues cree que todas las valoraciones deben ser revisadas.