El alcalde de Arrecife confía en que se archive la pieza separada relacionada con el Teatro Insular
ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)
El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Rubén Ubaldo Placeres Villalba (PSC-PSOE), ha abandonado los juzgados de Arrecife tras prestar declaración como imputado por un presunto delito de prevaricación en la trama de corrupción urbanística de la isla, conocida como 'Operación Unión'.
Placeres llegó al edificio sobre las 12.30 horas, acompañado por su abogado, para comparecer ante el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife César Romero Panparacuatro, instructor de la causa.
El consejero socialista salió de las dependencias judiciales sobre las 15.00 horas y eludió hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Por su parte, el alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, aseguró hoy, tras prestar declaración ante el juez también como imputado por presunta prevaricación, que “no tenía conocimiento del informe” del departamento de Cultura del Cabildo que desaconsejaba la apertura del Teatro Insular por carecer de todos los permisos.
Pérez Parrilla habló para los medios de comunicación después de declarar ante el juez durante hora y media. El primer edil confirmó que el magistrado ha decidido abrir una pieza separada de la 'Operación Unión' con la investigación en torno al teatro, sobre la que ya se ha levantado el secreto de sumario.
El regidor señaló que toda su declaración, a la que acudió como imputado por prevaricación, giró alrededor de la licencia del Teatro Insular, en el que se celebraron conciertos sin que tuviese la autorización municipal de apertura.
El primer edil se mostró satisfecho por la apertura de la pieza separada y dijo que “mucha gente insiste” en que su imputación tiene que ver con la presunta trama corrupta de la 'Operación Unión', relacionada con el supuesto cobro de comisiones e ilegalidades urbanísticas.
En ese sentido, afirmó que su imputación tiene que ver exclusivamente “con la licencia del teatro”, que consideró un “caso menor que no requería tanto esfuerzo”. Además, confió en que la pieza separada “se archive en su momento”.
INFORMES
Pérez Parrilla apuntó que en el interrogatorio fue cuestionado por si tenía conocimiento de “por qué no se dio la licencia” y del informe emitido desde el Área de Cultura del Cabildo sobre el teatro. Aseguró que lo desconocía y desveló que también había informes del propio Ayuntamiento “que decían que no se le podía dar la licencia porque había una serie de carencias”.
Agregó el alcalde que “nunca se consideró que estas carencias afectaran a la seguridad” del Teatro Insular. Reconoció que, en cualquier caso, “es verdad que si no se cumplimenta todo no se puede dar la licencia”.
TEATRO
La obra del Teatro Insular, ubicado en la Vía Medular de Arrecife, fue entregada al Cabildo en diciembre del 2008 y ese mismo mes se celebró un concierto en sus instalaciones. Con anterioridad, en mayo del 2007, se había efectuado un concierto de inauguración sin ni siquiera estar entregada la obra.
De hecho, la solicitud por parte del Cabildo de la licencia de apertura del Teatro Insular salió a exposición pública el pasado 22 de julio de 2009.
MAÑANA MÁS DECLARACIONES
Por otro lado, mañana prestará declaración, a las 09.30 horas, el ex alcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza, Honorio Nicolás García Bravo Betancort, imputado por presunto tráfico de influencias. Posteriormente, comparecerá, a las 11.30 horas, su hijo y empresario Honorio García Bravo, y, a las 13.30 horas, Francisco Perdomo Quintana, ambos igualmente imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.
La 'Operación Unión' investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en Arrecife, con ramificaciones en otros municipios de la isla como el de Yaiza y Tinajo, así como afecta al Cabildo de Lanzarote y a la Cámara de Comercio.
Miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se encargan de la investigación, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas. El caso sigue abierto aunque bajo secreto de sumario.