La fiscal Cecilia Acebal pidió este martes, al término del juicio por el caso chalet, la libre absolución de los periodistas Carlos Sosay Francisco Javier Chavanel, para los que el vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, reclamaba penas de dos y un año de prisión, respectivamente. Las defensas de los periodistas también solicitaron la absolución y añadieron la petición de condena en costas al denunciante.
El juicio, que se celebró este martes bajo la presidencia del magistrado Javier García García-Sotoca, se extendió por espacio de más de cinco horas, a lo largo de las cuales desfilaron una quincena de testigos, incluido el ex secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, que intervino por videoconferencia desde Madrid.
El vicepresidente del Gobierno, que denunciaba a los dos periodistas por los delitos de injurias y calumnias, declaró ante el juez que él mismo redactó el contrato de alquiler que supuestamente le vinculaba con la empresa de su casero, Javier Esquivel. Soria confirmó que no incluyó la exigencia de fianza en ese contrato porque ni el propietario del chalet se lo pidió ni él le propuso hacerlo. “La verdad es que no se lo rogué”, dijo en tono sarcástico.
José Manuel Soria afirmó que jamás se interesó por la marcha del concurso eólico en ninguna de sus facetas por no ser competencia del Cabildo de Gran Canaria, que presidía en ese momento. Sin embargo, su lugarteniente, Larry Álvarez, vicepresidente tercero de la Corporación confesó que el asunto de la energía eólica sí era tratado entre ambos en las numerosas conversaciones que tenían cada día.
Soria afirmó que no se había querellado porque los periodistas le hubieran acusado de vivir gratis en el chalet del empresario Javier Esquivel sino porque se le hubiera acusado de haber impedido que la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, S.A. no se presentara al concurso eólico para permitir que su hueco lo ocupara Promotora de Recursos Eólicos, la empresa de su casero.
El vicepresidente del Gobierno hizo especial hincapié, como ratificó posteriormente su esposa, la procuradora María del Carmen Benítez, que el matrimonio pagaba los 1.600 euros de alquiler del chalet en metálico porque les parecía mejor, porque tenían dinero en efectivo para hacerlo así “y porque no es ilegal”.
La esposa del empresario Javier Esquivel, Gabriela Martínez-Arroyo, que teóricamente era la receptora del dinero en metálico que cada mes le entregaba en concepto de renta María del Carmen Benítez, confirmó que los recibos que se presentaron al juzgado para justificar esos pagos contenían errores en su cumplimentación porque “en aquella época estaba atravesando un mal momento personal” y no estaba centrada. Reconoció que ese dinero no se ingresaba en las cuentas de la sociedad propietaria del chalet y que se lo quedaba para sus gastos personales.
El ex secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, declaró que el contrato suscrito entre la Autoridad Portuaria y la empresa de Javier Esquivel había sido declarado “lesivo para el interés general del Estado” por lo que se ordenó resolverlo. Ese contrato otorgaba a Promotora de Recursos Eólicos el 3,5% de los beneficios probables que se obtuvieran del campo de vientos del espigón de Arinaga aún en el caso de que esa empresa no tuviera posibilidad de explotarlo.
Luis Soria, por entonces consejero de Industria y hermano de José Manuel Soria, dijo de forma clara que su encuentro en Alemania con Javier Esquivel no fue casual, sino premeditado. Acebal le preguntó si “había ido a ver alguna fábrica con algún otro empresario que se presentaba al concurso eólico” y el ex consejero de Industria respondió que no. Horas antes, Esquivel había dicho que el encuentro en Alemania fue totalmente casual.
El juez pactó con la defensa la reducción del número de testigos, debido al amplio tratamiento que pensaba darle los abogados defensores para poder contextualizar el tema. No hubo reparos y se aceptó la no presencia de algunos testigos que ya se habían desplazado hasta Granadera Canaria.