La ausencia de una testigo aplaza el juicio contra Guillermo Reyes y José Luis Mena por 'mobbing' a un sindicalista
La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido el juicio contra Guillermo Reyes, concejal de Ciuca en el Ayuntamiento de Telde y exedil de Urbanismo, y los funcionarios José Luis Mena y María Jesús Santana, que ocuparon la jefatura del mismo departamento en la época de los hechos denunciados, por un presunto delito contra la integridad moral del funcionario y sindicalista Raúl Santana.
La causa de este nuevo aplazamiento (la vista ya fue suspendida en varias ocasiones entre 2013 y 2014) ha sido la incomparecencia de una de las testigos propuestas por la acusación, que se encuentra de vacaciones fuera del país y que ha sido sancionada con una multa de 600 euros. Los nuevos señalamientos han quedado fijados para el 18 y 19 de diciembre.
La Fiscalía solicita para los tres acusados una pena de un año y seis meses de prisión al considerarlos autores de un delito contra la integridad moral del funcionario. Según el escrito de acusación, los procesados “denigraron las funciones como administrativo” de Santana relegándole a una oficina que tan solo contaba con una mesa y tres sillas y proporcionándole como material de trabajo unos folios y un bolígrafo.
Raúl Santana ejerció desde agosto de 1995 hasta junio de 2003 como auxiliar administrativo en el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Durante la celebración de la jornada electoral del 25 de mayo de 2003, Santana, que en ese momento participaba en la vida política del municipio a través de la asociación de vecinos de su barrio, protagonizó un incidente con Guillermo Reyes, candidato de Ciuca a la alcaldía, en un colegio electoral.
Apenas un mes después, ya con el PP y Ciuca en el poder gracias el pacto alcanzado tras los comicios, el funcionario fue trasladado al departamento de recaudación de la concejalía de Hacienda. El decreto fue firmado por el edil Carmelo Oliva (PP), entonces al frente del área de Personal. Oliva estuvo imputado durante el periodo de instrucción, pero la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa contra el exconcejal popular en su escrito de acusación al entender que no había cometido ninguna acción delictiva.
El traslado al departamento de recaudación fue efímero, ya que en julio volvió a ser desplazado –mediante otro decreto de Carmelo Oliva- a la concejalía de Ordenación de Territorio y Urbanismo que lideraba Guillermo Reyes. El fiscal incide en su escrito que estos traslados se realizaban bajo el conocimiento y consentimiento del concejal de Ciuca.
En la oficina de Urbanismo en Jinámar, Santana fue sometido a condiciones de trabajo “sin los elementos más esenciales para el desarrollo de cualquier actividad laboral y necesarios para la ocupación efectiva de cualquier trabajador”. Una mesa, tres sillas, papeles y un bolígrafo. Esos eran los únicos materiales, según el acta elevada por Inspección de Trabajo en 2004, con los que podía ejercer sus funciones Santana, que además era sometido a un control de asistencia individualizado que le obligaba a firmar una plantilla en su horario laboral (de 8 a 15 horas), “obviándose el control generalizado” de los demás trabajadores municipales que ejercían en esas oficinas. Todo ello, según el relato del fiscal, con “el propósito de atentar” contra la integridad moral de Santana.
El funcionario y sindicalista puso estos hechos en conocimiento de María Jesús Santana (jefa de Urbanismo desde junio de 2003 a junio de 2004) y de José Luis Mena, que la sustituyó a partir de 2004 y que recientemente ha sido condenado a seis años y diez meses de prisión por el denominado caso Grupo Europa.
Ni santana ni Mena, que habían sido nombrados por Reyes, adoptaron ninguna decisión al respecto, lo que llevó a Santana a acudir a la vía administrativa y, posteriormente, a los juzgados.
