El letrado del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) ha elevado este lunes de dos a tres años de prisión la condena que pide para el exempleado municipal Nicolás Baute y los empresarios Tomás Núñez y Valentín Rodríguez, a los que acusa de haber planeado llevar a cabo la detención ilegal de una concejal.
La detención ilegal de la concejal del PP Raquel Lucía se habría pactado en una reunión que los tres citados mantuvieron el 13 de diciembre de 1999, en un plan que se pondría en marcha si esa edil presentaba una moción de censura con PSOE en contra de CC, según un vídeo que se publicó en la revista Interviú el 26 de diciembre.
Durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife, la fiscal insistió en pedir el sobreseimiento de la causa, mientras que la acusación ejercida por el PSOE demandó tres años de prisión para Nicolás Baute y la absolución para los otros dos imputados.
La defensa de Tomás Núñez recordó que esta persona fue quien presentó una denuncia ante los juzgados y solicitó la absolución para él, mientras que para Nicolás Baute pidió prisión, pero la que considerase la juez a la vista del retraso en llevarse a cabo el juicio, y la absolución para Valentín Rodríguez.
El abogado defensor de Valentín Rodríguez reclamó la absolución para los tres encausados, lo mismo que el de Nicolás Baute, si bien éste solicitó que la acusación abone las costas del proceso.
Tomás Núñez ha declarado este lunes en el juicio que Nicolás Baute le hizo el ofrecimiento unos días antes de la reunión, que se produjo, según su versión, para grabar la conversación junto a su entonces socio, Valentín Rodríguez. Núñez ha añadido que cobró de la revista 800.000 pesetas (4.808 euros) para pagar abogados.
Este imputado ha explicado que Nicolás Baute habló de realizar esa tarea a cambio de desbloquear la licencia de unas viviendas en Valle Tabares.
Valentín Rodríguez ha negado que hubiese un acuerdo y ha agregado que ni hizo caso a la propuesta, porque consideró que era absurda, mientras que Nicolás Baute ha declarado que en la grabación se hablaba de “un suponer”, para señalar que, tras la publicación en la revista, fue despedido del Ayuntamiento de La Laguna, donde estaba contratado como personal laboral.
En el juicio compareció como testigo el exconcejal y exsecretario general de Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI) en La Laguna Manuel Martín Luis, quien ha reconocido que con frecuencia iba a casa de Nicolás Baute, pero como hacía con otros empleados de la corporación municipal.
El letrado del Ayuntamiento ha criticado que se hablase de una broma de algo que a la corporación le ha hecho mucho daño y que sólo en horas extras para realizar una comisión de investigación gastó más de dos millones de pesetas (12.000 euros).
Ha comentado que Nicolás Baute acudió a la reunión con un documento para desbloquear las viviendas de la promoción de Valle Tabares.
El abogado de Tomás Núñez ha lamentado el retraso acumulado en la tramitación de esta causa, porque entre otras cuestiones ahora no se tiene en cuenta el contexto, pues ha recordado que en aquel momento PSOE tenía 13 concejales y gobernaba CC, que tenía 10 y el apoyo de cuatro del PP, pero había rumores de una moción de censura en la que Raquel Lucía (PP) se alinearía con los socialistas.
Según este letrado, Nicolás Baute era un hombre de confianza de Manuel Martín Luis y en el vídeo se le oye hablar con su primo y concejal Plácido Mejías. También ha destacado que en la comisión de investigación municipal quedó claro que Baute era “intocable”.
Este abogado ha manifestado, además, que sea cual sea la sentencia no será justa, debido al tiempo transcurrido, y ha señalado que su defendido y Valentín Rodríguez cumplen condena por estafa debido a que tras hacerse pública esta grabación se bloqueó la licencia en Valle Tabares y no pudieron hacer frente a las obligaciones que tenían.
El abogado de Valentín Rodríguez ha estimado que la propuesta de retener a la edil era una “fantasía”, mientras que el de Nicolás Baute ha recordado que Raquel Lucía ha renunciado a la acusación y “han desaparecido” del proceso los actores principales, los políticos.