El juez Alba prepara su desembarco en Vox colocando a su mujer y a un abogado amigo en la ejecutiva de Las Palmas

El juez Salvador Alba Mesa, imputado por cinco delitos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras descubrirse sus manejos para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell cuando era diputada de Podemos, prepara su desembarco en la política. Y lo hará de la mano del ultraderechista Vox, partido con el que mantiene estrechos vínculos desde hace meses y en cuya ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado colocar a dos personas de su máxima confianza: su mujer, Teresa Lorenzo Establier, y el abogado Eduardo López Mendoza, al que el juez penta-imputado encarga los trabajos más personales y engorrosos.

Según el periódico Canarias7, Teresa Lorenzo y López Mendoza han entrado recientemente a formar parte de la ejecutiva local de la capital grancanaria, a cuyo frente se encuentra el administrador de fincas José Luis Moyano. Completan ese órgano el abogado José Antonio Penichet, que ha sido designado coordinador para la próxima campaña electoral, y María Dolores Bardera.

La esposa de Salvador Alba es letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) en un juzgado que Alba calificó en 2005 como “tribunal de excepción”. En una entrevista al diario El País, el juez aplicó ese argumento para explicar los motivos que le condujeron a interponer cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Integral contra la Violencia de Género. A su juicio, esa ley del Gobierno de Zapatero discrimina a los hombres, uno de los argumentos más utilizados por Vox para atacar a los movimientos feministas y a las leyes de igualdad. Teresa Eugenia Lorenzo Establier, su esposa, trabaja en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de esta ciudad, que solo cuenta con dos. Y a su juicio, “los juzgados de Violencia contra la mujer son tribunales de excepción que vacían de contenido a los juzgados de familia”. La cuestión de inconstitucionalidad planteada por Alba ni siquiera fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.

Eduardo López Mendoza es del círculo más íntimo de Salvador Alba. Lo conoce hace muchos años; de hecho fue el letrado que dirigió su divorcio de su primera esposa para que pudiera contraer matrimonio con Teresa Lorenzo, con la que inició su relación cuando ambos ejercían en el juzgado desde el que interpuso su recurso contra la Ley de Violencia de Género. Desde entonces, López Mendoza se ocupa de llevarle los asuntos más delicados y escabrosos, como sus denuncias y querellas contra el actual presidente del TSJC, Antonio Doreste (archivadas en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo), contra la jueza Rosell ante la Fiscalía y ante el CGPJ (todas archivadas), o contra quien fuera letrado jefe del Consejo General del Poder Judicial, Javier Aguayo, hoy presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Catalunya, por ordenar a la Policía que lo localizara en un vuelo Gran Canaria-Madrid para poder notificarle su suspensión como juez después de 57 días de intentos infructuosos.

López Mendoza es el firmante de la demanda que el matrimonio Alba-Lorenzo interpuso en febrero de 2018 contra los padres de una niña compañera de su hija en el colegio. Los acusa de intromisión en su derecho al honor después de que la hija del matrimonio demandado preguntara a la de Alba “¿cuándo van a meter a tu padre en la cárcel?”. El matrimonio demandante pide para el demandado 12.000 euros de indemnización por daños morales. Está pendiente de juicio.

El otro letrado de la ejecutiva de Vox, José Antonio Penichet, fue hasta hace unos pocos meses abogado del consulado de Rusia en Canarias, y ejerciendo como tal se valió de una grabación subrepticia que Alba hizo de sus compañeros en la Audiencia Provincial de Las Palmas para utilizarla a favor de la familia Kokorev, algunos de cuyos miembros se encuentran encausados en los juzgados de esta ciudad por haber actuado como presuntos testaferros del dictador guineano Teodoro Obiang. Penichet, que será el coordinador de la campaña electoral de Vox en Las Palmas, llegó a presumir en privado, ante al menos una periodista, de contar con el juez Alba para su estrategia. “Salvador Alba es nuestro hombre en la Audiencia Provincial”, dijo cuando el juez aún no había sido suspendido disciplinariamente en sus funciones.

Además de estas vinculaciones, que harían que Alba controlara desde fuera la ejecutiva local de Vox, existe una relación directa del juez con el entorno más cercano del presidente nacional del partido, Santiago Abascal. En su última visita a Gran Canaria, Abascal se hizo rodear de una veintena de personas de su más estricta confianza en una cena que se celebró el 14 de abril pasado tras un mitin en la ciudad de Telde. Uno de esos veinte escogidos fue el juez Alba.

El juez no esconde en absoluto su simpatía por Vox y por sus planteamientos. Y lo plasma sin lugar a dudas en su cuenta en Twitter, donde constantemente retuitea los mensajes que divulga Santiago Abascal. Pero no puede participar en política mientras mantenga su condición de juez, que no ha perdido a pesar de la suspensión cautelar decretada por el CGPJ a la espera de que concluya la causa penal en la que figura como acusado.

Salvador Alba Mesa está pendiente de que se termine de formar un tribunal que lo juzgue por la comisión de cinco presuntos delitos cometidos durante los seis meses en los que actuó como sustituto de la jueza Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Según el escrito de acusación del fiscal jefe de Canarias, durante ese tiempo Alba falsificó informes que elevó al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial (falsedad documental), manipuló pruebas de un procedimiento judicial para averiguar hechos ajenos al mismo (prevaricación), filtró a la prensa el resultado de sus maquinaciones (revelación de secretos), intervino en un asunto en el que tenía interés (negociaciones prohibidas a funcionario público) y trató de obtener por todo ello una dádiva no necesariamente económica -un cargo- a cambio de esas gestiones (cohecho).

La Fiscalía pide para Alba 10 años de prisión y 29 de inhabilitación.