El sistema de alcantarillado de Arguineguín, en la zona de Las Marañuelas, está “roto, viejo, filtrándose el agua, por todos lados, obstruido, podrido, de todo tiene menos bueno, y allí hay filtraciones por toda la zona, se lo pongo, por toda la zona”. Así se lo aseguró al alcalde de Mogán -“sí, lo sabemos, claro, claro...”, le contestó- un experto profesional en la materia, que se prestó a grabar la conversación que mantuvo con Francisco González y Onalia Bueno el 18 de diciembre de 2006, después de meses sin tener noticias del ayuntamiento, que había encargado un estudio sobre la red de aguas pluviales y residuales.
El informe pericial encargado a la empresa Desatascos Guillén, cuyo propietario, Antonio Luis Castellano Moreno, se prestó a coloborar en la investigación del caso Góndola, al ser captada una conversación telefónica entre éste y la concejal Onalia Bueno, figura en la parte del sumario del caso abierta este mes de marzo, en la que la Policía Nacional advierte al juez instructor de otra grave irregularidad del ayuntamiento de Mogán presidido por Francisco González (PP), al ser plenamente consciente de la grave situación de la red de aguas de Arguineguín y no hacer nada al respecto porque “no tenemos dinero”.
En las conversaciones telefónicas grabadas con anterioridad a la cita personal en la casa consistorial, mantenidas entre Onalia Bueno y el experto profesional en desatascos, se desprende que desde el ayuntamiento se insta a Castellano Moreno a que entregue un informe técnico sobre la situación de la red de alcantarillado, para acometer con posterioridad una obra, encargada., además de manera irregular por el alcalde, “de forma verbal”, a la empresa Satocan.
El experto profesional, que no entendía cómo desde el ayuntamiento y de la propia empresa constructora se habían desentendido totalmente de él -“estuve ahí, en las calles que me dijeron, uno, dos, tres días, y no aparecía nadie, así que decidí parar el trabajo”, explica- se negaba a entregar el informe al ayuntamiento porque nadie -ni el consistorio ni la empresa- se hacía cargo de sus honorarios, cuestión que en la conversación grabada con el alcalde y la concejal figura como la principal preocupación de los dos políticos imputados en el caso Góndola, por encima de la alarma que despertó al propio profesional la deplorable situación del alcantarillado en Las Marañuelas.
El informe apunta a que la red de aguas pluviales y residuales está “en un estado deplorable y con riesgo para la salud de las personas”, y que incluso se filtra en sótanos de algunos edificios aguas residuales, hasta el punto de que técnicos del ayuntamiento explicaron al responsable de Desatascos Guillén que tuvieron que demoler una vivienda en la calle Miguel Marrero Rodríguez.
También le fueron mostrados varios lugares, entre ellos el sótano de un edificio en la calle Alonso Quesada, “con bombas de achique, y en la que existen filtraciones de aguas residuales actualmente”, según se recoge en su declaración ante la policía, en diciembre de 2006.
De las grabaciones efectuadas en este caso, se desprende que la única preocupación del alcalde de Mogán, más allá de solucionar el problema qu ponía en riesgo la salud de las personas, es que no cuenta con liquidez suficiente para pagar el trabajo a Desatascos Guillén e intenta que la empresa cobre a través de la constructora a la que encargó “verbalmente” una obra que sobrepasaba, según estimaciones del experto profesional en desatascos, los dos millones de euros.