Un concurso público de la Agencia Tributaria Canaria, licitado en febrero de 2022 por importe de 6.545.000 euros, ha sido incluido en el listado de las sospechas sin pruebas lanzadas por el empresario Víctor de Aldama para implicar en su refriega contra el Gobierno al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Las sospechas que ha dispersado este empresario se fundamentan en que días antes de que se publicara esa licitación, estuvieron en Canarias el comisionista Koldo García, ex asesor del exministro Ábalos, y el apoderado de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L., José Ruz, que acabó siendo la adjudicataria.
Esa coincidencia temporal, política y espacial ha servido para disparar las especulaciones acerca de un concurso público con el que no solo poder señalar a Torres, por entonces presidente del Gobierno de Canarias, sino también a quien ocupaba la vicepresidencia y la Consejería de Hacienda (y Contratación), Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, socio del PSOE en aquel momento.
El concurso tuvo como enunciado el siguiente: “Reforma interior y acondicionamiento del Edificio Royal para albergar la delegación, en Las Palmas de Gran Canaria, de la Agencia Tributaria Canaria”. Se trata de un viejo y emblemático edificio de la capital grancanaria que albergó hace muchos años uno de los cines más queridos por los aficionados, el cine Royal, que la Administración autonómica pretendía convertir en las oficinas de la Agencia Tributaria Canaria, un organismo que, según la ley que lo creó en 2014, un ente de derecho público con “personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y autonomía de gestión y funcional en los términos establecidos en esta ley”.
Precisamente esas cualidades recogidas en la ley que creó ese organismo confirieron desde el principio a su director o directora plenos poderes, incluido el de ser “órgano de contratación” para cuantas licitaciones promoviera. En concreto, el artículo doce de esa ley dice textualmente que el director o directora de la agencia tiene plenos poderes para “celebrar, como órgano de contratación, todo tipo de contratos, convenios o negocios jurídicos en nombre de la Agencia Tributaria Canaria con otras entidades públicas o privadas en las materias que sean competencia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y en el Estatuto y demás normativa aplicable”. Y el artículo 23 lo concreta aún más: “El órgano de contratación de la Agencia Tributaria Canaria es la persona titular de la Dirección”.
Actualmente esa persona es Raquel Peligero, que tomó posesión del cargo con el anterior gobierno del pacto PSOE-Nueva Canarias-Unidas Podemos y que continúa en el puesto durante el actual Ejecutivo de Coalición Canaria-Partido Popular. Es una veterana de la Administración pública procedente de la Agencia Tributaria nacional, la AEAT, donde ocupó puestos de alta responsabilidad. Entre otros, fue jefa de la Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión Económica de la Delegación Especial de Canarias de la AEAT. (2012-2019), inspectora de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, en Las Palmas de Gran Canaria (2007-2012), jefa de Unidad de Inspección en la Delegación Especial de Canarias de la AEAT, en Las Palmas (2006-2007), jefa de Unidad de Inspección en la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT, en Barcelona (2002-2006), o inspectora de Recaudación en la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT, en Girona (2001-2002).
Preguntada por este periódico por el concurso en cuestión señalado por el presunto delincuente Víctor de Aldama, Raquel Peligero aseguró que fue un procedimiento “impecable” y así se puede comprobar en la plataforma pública de contratación, donde “está todo publicado”.
La directora de la Agencia Tributaria Canaria ordenó revisar el procedimiento en cuanto afloraron las primeras insinuaciones y su conclusión es que se siguieron las exigencias “a rajatabla” y que tanto ella como los funcionarios que participaron en la licitación están “tranquilos porque se han seguido todas las formalidades”.
Informaron sobre la licitación técnicos y profesionales especializados, y el expediente, como es norma, cuenta con todos los informes de la Intervención General y los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Ningún órgano político tuvo intervención en el procedimiento porque, dada la autonomía de la que goza el órgano convocante y contratante, ni siquiera es necesaria su aprobación por cualquier órgano político, tampoco del Consejo de Gobierno.
La mesa de contratación estuvo compuesta por altos funcionarios y funcionarias de las administraciones públicas. La presidió Silvia María Rosselló Hernández, entonces en la agencia y, desde junio de 2023, subdirectora de Gestión, Seguimiento y Control de los Fondos, financiado con fondos europeos «Next Generation EU» en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Tanto el secretario como los dos vocales que compusieron esa mesa de contratación son altos funcionarios de la Comunidad Autónoma. Y el vocal jurídico fue Martín L. Muñoz García de la Borbolla, quien fuera alto cargo del Partido Popular de Canarias y concejal de Urbanismo en el mandato 2011-2015, con el alcalde Juan José Cardona.